El exalcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, ha proclamado su lucha contra lo que denomina “derechos adquiridos” en relación a las retribuciones de los funcionarios, marcándose a sí mismo como “el principal enemigo” de estas prácticas. Su declaración llega en el contexto de un juicio por el denominado 'caso de los sobresueldos', donde se investigan presuntas irregularidades en la contratación de personal durante su gestión, extendiéndose estas acusaciones hasta el año 2011.

Durante su comparecencia en el tribunal, Muguruza defendió su gestión al afirmar que durante las dos legislaturas en las que lideró el Ayuntamiento, desde 2003 hasta 2011, no realizó contrataciones a dedo y que todas las incorporaciones a la plantilla municipal se realizaron a través de oposiciones. Según el exalcalde, su principal objetivo era cubrir las posiciones más altas en la administración local, asegurando que su enfoque se centró en atraer personal altamente cualificado.

El juicio se lleva a cabo en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, y en él están imputadas doce personas, incluyendo ocho exconcejales y el exregidor Rufino Díaz Helguera, quien ha decidido no testificar. Tanto Muguruza como Díaz Helguera se enfrentan a una condena de hasta nueve años de prisión, además de 27 años de inhabilitación, en relación a sus decisiones financieras y presupuestarias entre 1991 y 2011.

A la Fiscalía le constan delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación, y ha solicitado cinco años de prisión y 18 de inhabilitación para los ediles implicados que en su momento aprobaron los presupuestos de 2008 y 2009 de manera ilícita, ignorando las advertencias del interventor sobre pagos ilegales.

En la jornada de este jueves, el tribunal escuchará las conclusiones del fiscal tras haber finalizado los interrogatorios a los acusados, muchos de los cuales han optado por no declarar. Las defensas, por su parte, presentarán sus alegatos la próxima semana, momento en el cual los procesados tendrán la oportunidad de pronunciarse por última vez.

Muguruza, quien ha limitado sus respuestas a las preguntas de su defensa, describió la situación económica del Consistorio como “catastrófica” al asumir su cargo, destacando una falta de funcionarios especializados y las tensiones surgidas de los acuerdos de gobernabilidad entre los partidos PRC, PP e Izquierda Unida durante sus mandatos. Ha enfatizado que todas las decisiones relevantes, incluidas las relacionadas con los pagos, fueron tomadas por la Junta de Gobierno Local desde el comienzo de su mandato.

Añadiendo a su defensa, el exalcalde aseguró que “todas” las decisiones se encontraban bajo el control del tripartito y que desde el primer momento se planteó la necesidad de establecer una Relación de Puestos de Trabajo, a pesar de enfrentarse a una “oposición frontal” por parte de los sindicatos. Aunque hubo resistencia, finalmente la RPT fue aprobada en 2009.

Además, Muguruza mencionó las retribuciones de los funcionarios, destacando que estos pagos se estaban realizando desde cinco años antes de su llegada al cargo, basados en un convenio colectivo establecido en 1998. Aseveró que intentó alertar sobre esta problemática, lo que le acarreó la “animadversión” de los empleados públicos, quienes realizaron protestas diarias en la plaza del Ayuntamiento.

A pesar de las dificultades que enfrentó, Muguruza se ha posicionado claramente en contra de las retribuciones en cuestión, defendiendo su postura al afirmar que estas eran “injustas”, pero clasificándolas como “derechos adquiridos”. En un contexto más amplio, también se refirió a un aumento salarial del 10% que se otorgó a los trabajadores de una residencia municipal para “afianzar” los puestos de trabajo, asegurando que este aumento fue aprobado “legalmente”.

Por otro lado, el exalcalde realizó críticas sobre la gestión del exinterventor municipal, Fernando Urruticoechea, quien testificó en el juicio. Muguruza argumentó que Urruticoechea entregaba informes de reparo sobre múltiples cuestiones, pero no hizo lo mismo en relación a la cuenta general, reprochando su actitud pasiva y su frecuente ausencia en el trabajo.

En el tribunal también están procesados otros exconcejales, así como un funcionario que presuntamente recibió un complemento personal transitorio. La defensa de otro funcionario, quien tenía problemas cognitivos, condujo a la solicitud de archivo de su causa. Además, se absolvió al secretario del Ayuntamiento de su acusación por no abstenerse en la contratación de su hija.

Finalmente, la mayoría de los acusados han optado por no declarar, siendo Muguruza, Carranza y Alcedo las excepciones, quienes solo respondieron a sus abogados. La exconcejala de Educación y Cultura de Castro Urdiales en la década de 2000 ha aclarado que no desempeñó un papel activo en la aprobación de presupuestos, mientras que el funcionario, tras corroborar su trayectoria en el Ayuntamiento, aseguró que el pago de nóminas se realizaba de acuerdo a la normativa y que no existían irregularidades notables durante su tiempo de servicio.