Osorio se presenta en la causa tras nuevas declaraciones sobre El Bocal.

El 27 de marzo en Santander, han comenzado las primeras audiencias en la investigación del trágico colapso de una pasarela costera en El Bocal, que resultó en la muerte de seis jóvenes el pasado 3 de marzo. Las comparecencias iniciaron puntualmente a las 9.30 horas, con la presencia de los citados a declarar y de representantes legales involucrados, sumando un total de trece participantes en este proceso judicial. Entre ellos, destaca el testimonio del jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio, quien ya había sido interrogado previamente.

Este caso ha llevado a la jueza a dirigir acciones penales contra dos funcionarios de la Demarcación de Costas, basándose en que la responsabilidad recae exclusivamente en la administración central para asegurar el adecuado mantenimiento de la pasarela, que ahora se ha convertido en escenario de una tragedia.

Las declaraciones se están llevando a cabo en el salón de actos del complejo judicial de Las Salesas y se desarrollan a puerta cerrada. Se espera que estas audiencias se extiendan hasta el mediodía, dado que la última ronda de testimonios está programada para esa hora, lo que genera gran expectación en el ámbito judicial.

De las trece partes presentes, ocho están relacionadas con las víctimas de este accidente, incluyendo a la única superviviente y a los familiares de los fallecidos, quienes buscan respuestas y justicia tras la pérdida irreparable de sus seres queridos.

El proceso también incluye a la Fiscalía, al Ayuntamiento de Santander y a la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica, quienes figuran como partes interesadas. Se suma a ellos el jefe de la Demarcación de Costas y un agente de la Policía Local, ya que esta última es investigada por su falta de acción tras recibir avisos sobre el deterioro de la pasarela justo un día antes del colapso.

Durante esta primera jornada de declaraciones, la jueza ha llamado a varios testigos clave, entre ellos dos ciclistas que alertaron sobre el incidente, así como el vecino que había advertido del mal estado de la pasarela, quien también hizo su comparación junto a su esposa.

Las intervenciones comenzaron con el primer ciclista, quien se presentó con su esposa. Su declaración se extendió por menos de media hora, pero se mostró reacio a hablar con la prensa al finalizar su testimonio.

A continuación, compareció el segundo ciclista, seguido por el vecino que alertó al 112. Este último se tomó más de media hora en su declaración y, como sus compañeros, decidió no ofrecer declaraciones a los medios tras salir del juzgado.

Alrededor de las 10.45 horas, llegó al complejo judicial la gestora del 112 que recibió la llamada de auxilio y notificó a la Policía Local. Esta funcionaria se encuentra de baja y visiblemente afectada por los sucesos, y su abogado estuvo presente por si se planteaba la posibilidad de cambiar su estatus de testigo a investigada, según la indicación de la jueza.

La gestora, que compareció durante aproximadamente 45 minutos, fue acompañada por una docena de compañeros de trabajo y el director del Servicio de Emergencias de Cantabria, lo que pone de manifiesto el impacto del siniestro en su entorno laboral, ya que el 112 maneja entre 700 y 800 llamadas diarias.

Finalmente, a las 11.30 horas, también tomó la palabra la agente de la Policía Local que se encuentra bajo investigación. Su intervención se adelantó media hora y se produce en un contexto delicado, ya que el Ayuntamiento de Santander ha iniciado un expediente sancionador que se encuentra estancado en espera de los resultados de este procedimiento judicial.