En la sesión plenaria celebrada el lunes en la Asamblea regional, el PRC, PSOE y Vox han presentado y aprobado una proposición no de ley que insta al gobierno del Partido Popular a establecer un registro de aquellas comunidades de propietarios que decidan prohibir la existencia de viviendas destinadas a uso turístico en sus edificios. Esta iniciativa surge en medio de un debate intenso sobre la regulación del sector turístico en la región.

A pesar del voto en contra del PP y del diputado no adscrito Cristóbal Palacio, la coalición opositora logró avanzar con esta propuesta, que permitirá a las entidades locales acceder al registro con el fin de llevar a cabo tareas administrativas y de supervisión vinculadas a las propiedades destinadas al turismo.

La iniciativa, impulsada inicialmente por Vox, incluye una enmienda del PSOE que estipula la realización de inspecciones obligatorias en el plazo de un año tras la declaración de las comunidades de propietarios sobre las viviendas turísticas. Se busca así evitar que estas decisiones se conviertan en un mecanismo ineficaz y garantizar que se exija un certificado que valide el consentimiento de la comunidad para el uso turístico de los inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal.

El Partido Popular, que se encuentra en una situación de minoría, ha expresado su desacuerdo con esta medida, argumentando que un registro de este tipo no es necesario ya que la legislación actual exige que quienes solicitan licencia para viviendas turísticas presenten la autorización de los vecinos. Rafael de la Gándara, representante del PP, ha calificado la propuesta de "ridícula" e inaplicable desde un punto de vista jurídico.

Por otro lado, la oposición ha señalado la necesidad de regular este tipo de viviendas, preocupados por los posibles conflictos en la convivencia que pueden surgir con el incremento del turismo. En este sentido, han hecho hincapié en la importancia de alcanzar un "equilibrio" que beneficie tanto a los residentes como al sector turístico, el cual constituye un pilar fundamental de la economía cántabra.

Desde el PRC, se ha alertado sobre el impacto que las viviendas de uso turístico pueden tener en el tejido social y urbano, advirtiendo que sin una regulación adecuada podríamos enfrentar el riesgo de pueblos deshabitados y ciudades vacías. Javier López Estrada, del PRC, ha manifestado que es fundamental planificar en lugar de simplemente prohibir.

Mario Iglesias, del PSOE, ha recordado que el Tribunal Supremo respaldó el derecho de los vecinos a prohibir el uso de pisos turísticos con una clara mayoría, y ha reafirmado que su partido había presentado alegaciones previamente a la regulación de estas viviendas en concordancia con las enmiendas discutidas recientemente.

Sin embargo, Iglesias ha señalado que la posición de Vox no se alinea con su reciente apoyo a la Ley de Simplificación Administrativa, ya que consideran que la creación de este registro solo añadiría burocracia a la ya existente declaración responsable que las comunidades deben presentar.

Armando Blanco, de Vox, ha defendido que su grupo apoya la declaración responsable, pero enfatiza que dicha medida es insuficiente sin un seguimiento y control adecuados por parte de la Administración. En el caso de las viviendas de uso turístico, ha sido claro al afirmar que se necesita un fortalecimiento de las acciones de supervisión, evitando caer en la "demonización" de este tipo de propiedades, pues pueden generar beneficios al atraer turismo y activar la economía local, siempre garantizando el respeto a los derechos de los vecinos y controlando su proliferación indiscriminada.