PP y PRC impulsan una ley de patrimonio más moderna y participativa en Cantabria

El Parlamento de Cantabria acoge una propuesta conjunta del PP y PRC para actualizar la Ley de Patrimonio Cultural, que data de 1998. La nueva normativa, registrada la semana pasada, contempla 148 artículos y busca simplificar procedimientos, digitalizar registros y aumentar la inversión en conservación, destinando un 2% del presupuesto de Obras Públicas, más un 1% específico para rehabilitación paisajística y cultural.

El contexto político refleja un acuerdo entre ambos partidos, enmarcado en el compromiso de aprobar los Presupuestos de 2026. La iniciativa surge tras meses de trabajo y escucha activa a colectivos del sector cultural y patrimonial. La figura del difunto diputado Javier López Marcano, implicado en la elaboración del anteproyecto, simboliza el compromiso por modernizar la gestión del patrimonio en la región.

Este proyecto legislativo introduce novedades como la creación del Consejo Cántabro de Cultura y Patrimonio, la protección de patrimonio industrial y científico, y la incorporación del paisaje como Bien de Interés Cultural. También contempla medidas para proteger patrimonio lingüístico, regular detectores de metales y gestionar hallazgos arqueológicos en dominio público desde su descubrimiento.

En el ámbito municipal, obliga a los ayuntamientos a realizar inventarios de caminos rurales y tradicionales, y a proteger el paisaje. Además, se prevé la creación de una red de técnicos que apoyará a las entidades locales en el cumplimiento de la ley, fortaleciendo la colaboración institucional y la protección del patrimonio a nivel local.

Desde una perspectiva política, la propuesta refleja una intención de avanzar hacia una gestión más moderna, transparente y participativa del patrimonio regional. La voluntad de incluir a diferentes colectivos en el proceso sugiere un cambio en la relación entre administraciones y ciudadanía, en línea con tendencias legislativas actuales en protección cultural.

El futuro de esta ley dependerá del consenso parlamentario y de la efectiva implementación de sus medidas, en un contexto de creciente interés por la conservación del patrimonio en Cantabria. La norma busca fortalecer la identidad regional y garantizar la protección de su legado cultural para futuras generaciones, en un escenario de mayor digitalización y participación social.