Propietarios del camping de Ajo sancionados por faltas a la normativa urbanística.

En el municipio de Bareyo, Cantabria, los responsables del Camping Las Arenas han sido condenados a un año y medio de prisión por infracciones continuadas relacionadas con la ordenación del territorio y la normativa urbanística. Sin embargo, como no tienen antecedentes, no se les requerirá cumplir la pena en prisión.

La suspensión de esta condena está sujeta a la condición de que no cometan ningún delito en un periodo de tres años. Además de esta restricción, deberán hacer frente a una multa de 3,600 euros, desmantelar las construcciones ilegales y restaurar el terreno a su estado original. También serán responsables de cubrir las costas legales del proceso.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, deja abierta la posibilidad de que los campistas afectados presenten reclamaciones civiles. Esto podría permitirles buscar compensaciones por daños y activar medidas penales si los condenados no cumplen con las órdenes judiciales.

Dictada por la jueza de la Plaza nº3 de Santander, esta resolución ha pasado a ser firme después de que el 20 de marzo se confirmara el acuerdo entre la Fiscalía y los acusados, quienes evitaron apelar y aceptaron la culpabilidad de los hechos, lo que facilitó una reducción en las penas solicitadas.

En un antecedente significativo, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) había ordenado, a principios de 2025, el cierre de operaciones y la demolición de parte del camping, identificado como asentado en suelo ilegal. Este establecimiento alberga viviendas de numerosas familias, la mayoría de ellas de origen vasco, que aseguraron desconocer el problema legal de su ubicación. Desde 2008, los propietarios habrían realizado expansiones sin la debida autorización.

La Asociación de Campistas-Fijos de Las Arenas, que representa a más de un centenar de familias, presentó una querella por estafa, argumentando que los propietarios ocultaron el estado ilegal del terreno al vender los 'mobil homes' y al cobrar alquiler por parcelas que no contaban con licencias adecuadas. Este asunto ha suscitado protestas y movilizaciones entre los campistas.

A raíz de la sentencia, el Ayuntamiento de Bareyo ha tomado medidas drásticas, cortando el suministro de agua y electricidad a la parte del camping afectada por la condena. La asociación ha calificado la resolución como "positiva", a pesar de la reducción de penas, considerando que el reconocimiento de culpabilidad refuerza su postura. Además, han advertido que si los propietarios reinciden en delitos, solicitarán su reclusión.

Los campistas han manifestado que estarán vigilantes para asegurar que se cumpla la sentencia, y si persiste el uso ilegal de las parcelas, procederán a iniciar acciones judiciales para forzar el cumplimiento de la resolución. Asimismo, están a la espera de que se acepte su denuncia presentada en febrero de 2022, por una supuesta estafa, en el Juzgado de Santoña. Si esta denuncia avanza y se producen nuevas condenas, la acumulación de penas podría tener repercusiones penales más severas para los autores.