Proyecto Hombre detecta conductas de riesgo en jóvenes más tempranamente en Cantabria

La organización Proyecto Hombre Cantabria advierte que en 2025 se ha observado una disminución en la edad de inicio de conductas de riesgo en jóvenes, alcanzando edades desde los 10 años. Las cifras muestran que cada año el perfil de los atendidos en su programa Teen se hace más juvenil, pasando de adolescentes de 15 años en 2018 a menores de 10 años en 2025.

Este fenómeno refleja una problemática social que afecta a la salud mental y física de los jóvenes, y que se vincula a un entorno digital cada vez más complejo. La entidad ha destacado que las conductas más frecuentes incluyen el uso problemático de pantallas, consumo de sustancias como alcohol y cannabis, y el juego online, además de riesgos asociados como sexting, acoso escolar y trastornos de alimentación.

Las implicaciones de estos datos son profundas. La detección temprana y la intervención se vuelven imprescindibles para prevenir daños mayores. La dificultad radica en que muchas familias desconocen las actividades en línea de sus hijos, y los profesionales enfrentan nuevos desafíos en la identificación y tratamiento de conductas emergentes.

Desde la perspectiva institucional, la presencia de programas educativos en centros escolares ha permitido detectar problemas antes de que se agraven. En 2024, Proyecto Hombre atendió a más de 2.400 alumnos y 162 familias, facilitando una intervención preventiva que busca reducir el impacto social y sanitario de estas conductas.

El contexto político en Cantabria, con un incremento en las inversiones en salud mental juvenil y programas preventivos, refleja un compromiso institucional para afrontar esta problemática. Sin embargo, la coordinación entre centros educativos, servicios sociales y entidades especializadas requiere fortalecerse para ofrecer respuestas eficaces y sostenibles.

De cara al futuro, la tendencia indica que la edad de inicio en conductas de riesgo continuará disminuyendo. La sensibilización social y la formación de profesionales serán clave para adaptarse a una realidad que demanda respuestas ágiles y especializadas. La prioridad debe ser la protección integral de los menores, garantizando su bienestar en un entorno digital seguro y saludable.