La situación legal de José Reñones, condenado por el asesinato de su pareja y de su bebé, permanece en el aire mientras espera el fallo sobre el recurso interpuesto por su defensa. Actualmente, se encuentra en prisión permanente revisable, y la Audiencia Provincial de Cantabria ha decidido extender su encarcelamiento por considerar "elevadísimo" el riesgo de fuga.

El informe de la presidenta de la Sección Primera, Paz Aldecoa, establece que la prórroga del encarcelamiento se mantendrá hasta que se cumpla la mitad de la condena original, dictada el 20 de diciembre de 2021. Este auto fue emitido el lunes pasado, y destaca el potencial de evasión que presenta el condenado si se le otorga la libertad.

Las razones detrás de esta decisión se centran en el severo castigo asignado a Reñones. La Sala argumenta que, dada la magnitud de la pena, él tiene motivos muy fundados para intentar huir y eludir la justicia. Además, se menciona la ausencia de un arraigo personal suficiente que respalde su permanencia en el país, a pesar de tener familiares en Cantabria.

Otro aspecto considerado es la proximidad de la vista del recurso, programada para el 10 de junio, lo que hace aún más esencial garantizar su presencia en dicho evento judicial. "Es necesario asegurar que no evada la acción de la Justicia; por ello, la prórroga de la prisión es adecuada", se afirma en el auto, que señala que no se pueden aplicar medidas alternativas como fianzas o comparecencias regulares debido al evidente riesgo de fuga.

Durante la audiencia para discutir la prisión provisional, el Ministerio Público y las acusaciones solicitaron la extensión de esta medida, aduciendo el significativo riesgo que corría el condenado de escapar. Según apuntaron, la pena impuesta es la más dura que permite la ley vigente, y la gravedad de sus delitos no puede ser subestimada.

En contraparte, la defensa de Reñones abogó por su libertad provisional, argumentando que aún no existe una sentencia definitiva. Su abogado sostiene que no se justifican los motivos para la prórroga de la prisión, destacando que la legislación exige criterios de extrema necesidad y que hay métodos alternativos para controlar su eventual fuga, como dispositivos electrónicos o firmas diarias en el juzgado.

El juicio en contra de Reñones se llevó a cabo en febrero, donde un jurado popular lo declaró culpable del asesinato de su pareja y su hija, condenándolo a 25 años y a prisión permanente revisable, siendo esta última pena un hecho sin precedentes en la región. La defensa ha impugnado el veredicto, lo que ha llevado a que el tribunal evalúe la continuación de su régimen de prisión provisional, que podría extenderse hasta diciembre de 2025.

La legislación ha considerado que Reñones perpetró sus crímenes bajo circunstancias agravantes, incluyendo el asesinato de un ser cercano y un delito de género. Además, se le ha impuesto una serie de sanciones adicionales, incluidas medidas de libertad vigilada y la pérdida de la patria potestad sobre sus otras hijas. Desde el punto de vista civil, se le ha ordenado indemnizar a los familiares de las víctimas en un monto significativo.

Los hechos que llevaron a esta condena son severos y dolorosos. Reñones regresó al hogar familiar a pesar de las restricciones judiciales que le prohibían acercarse a su pareja e hija. Tras unas semanas de convivencia, el comportamiento violento y autoritario de Reñones culminó en un ataque devastador que resultó en la muerte de ambas. Este acto ha sido caracterizado por el jurado como una manifestación extrema del dominio masculino.