Un reciente fallo judicial ha sentenciado al Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera, el cual ahora se ve obligado a compensar económicamente a un agente de policía local en prácticas que fue remunerado únicamente con el salario base. Esta decisión, que ya es definitiva, implica que el Consistorio deberá desembolsar más de 6.000 euros al funcionario afectado.

La información fue anunciada esta semana por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (CCOO) en Cantabria, destacando que el agente en cuestión no recibió, durante su periodo de formación, los complementos salariales que sí reciben sus compañeros, como el complemento específico y el complemento destino.

La sentencia deja claro que los trabajadores del sector público en prácticas tienen derecho a recibir la misma retribución que sus pares en activo, una reivindicación respaldada por la Ley cántabra de coordinación de Policías Locales. Este agente había tratado inicialmente de resolver la situación a través de reclamaciones administrativas, pero tras ser desestimadas por el Ayuntamiento en enero, decidió llevar el asunto ante la justicia.

La normativa de coordinación de policías locales, vigente desde 2022, establece explícitamente que el personal en prácticas tiene derecho a recibir no solo el sueldo base, sino también todos los complementos que correspondan a su puesto. Sin embargo, a pesar de que la ley aplicable era más reciente, el fallo determinó que el Consistorio había hecho una interpretación restrictiva de las normativas vigentes.

El Juzgado ha confirmado así la demanda del policía y ha ordenado el pago de los complementos salariales adeudados, además de las costas judiciales, a lo que se suma la necesidad de que el Ayuntamiento se ajuste a los marcos legales establecidos.

Desde CCOO, se ha criticado la tendencia de las administraciones a recurrir a los tribunales en casos que podrían resolverse de manera más rápida y meritoria. Así lo han expresado, lamentando que un trabajador que contribuye a la seguridad de la comunidad no haya recibido la remuneración justa por su labor.

El sindicato advierte que esta situación no es única de San Vicente, apuntando a que otros municipios, como Santander, puedan estar enfrentando problemas similares en cuanto al pago de salarios de sus agentes en prácticas. CCOO ha denunciado que este tipo de conflictos incrementa la carga de los juzgados, al tiempo que llama la atención sobre la falta de atención de algunos alcaldes a las demandas legítimas de sus empleados.

Finalmente, el sindicato recordó que ya habían alertado a la alcaldesa de San Vicente, Charo Urquiza, sobre esta reivindicación en una reunión de negociación en diciembre pasado. Al no recibir respuesta, decidieron llevar la cuestión a los tribunales, un paso que finalmente ha rendido frutos positivos para el trabajador afectado por esta injusticia laboral.