En un reciente fallo judicial, el Juzgado de lo Penal número 1 de Santander ha impuesto una sentencia de un año de prisión al responsable del trágico atropello que tuvo lugar en la S-20. En este incidente, ocurrido en enero de este año, una mujer perdió la vida y, paralelamente, se produjo la muerte de 29 perros en una nave industrial localizada en Tagle, en el municipio de Suances.

Previo al juicio programado para el lunes, las partes involucradas han logrado un acuerdo que incluye la pena de prisión y una inhabilitación de tres años, prohibiendo al condenado el cuidado o tenencia de animales. Este individuo, quien se encuentra en prisión provisional desde la fatalidad del atropello, también deberá hacer frente a una serie de compensaciones económicas a diferentes entidades y personas afectadas.

Entre las indemnizaciones, el conductor deberá abonar 12.000 euros al propietario de 18 perros cuyo deceso se produjo en el suceso. Aunque ese propietario había estado bajo investigación, la causa fue finalmente archivada. A esto se añaden 3.323 euros que deberá entregar a la Federación DEAN (Defensa Animal Cantabria) y otros 1.050 euros al Centro Canino Besaya para cubrir gastos de atención a un perro que sobrevivió al desastre. Además, se le requiere el pago de 190 euros al Gobierno regional, correspondientes a los gastos de limpieza de los cuerpos de los animales, llevada a cabo por la empresa Tragsa.

La defensa del acusado solicitó la suspensión de la pena, pero la jueza la rechazó, alineándose con las demandas del Ministerio Fiscal y la Federación DEAN. Las autoridades sostienen que el procesado es un “delincuente habitual”, lo que impide que se le conceda este beneficio, obligándolo a cumplir con la sentencia dictada.

La información se ha confirmado por fuentes de la Federación DEAN, que resaltaron que el acuerdo se logró en una sesión privada, evitando así la audiencia pública. Tras comunicar que no habría apelaciones al acuerdo, la juez hizo efectiva la sentencia de manera inmediata.

Según los informes, el dueño de 18 de los perros fallecidos está actualmente en prisión en Dueñas, en Palencia, y estaba planeado que compareciera por videoconferencia, pero esto no fue necesario tras el acuerdo alcanzado.

Es relevante mencionar que tanto la Fiscalía como la Federación DEAN, así como el Gobierno de Cantabria, habían solicitado 18 meses de prisión por un supuesto delito de maltrato animal, que es la máxima condena posible para los hechos en cuestión. Sin embargo, esta pena se redujo a 12 meses en el acuerdo final.

Asimismo, las autoridades habían demandado cuatro años de inhabilitación por actividades relacionadas con animales, una cifra que DEAN había elevado a cinco años, resultando en una pena de tres años en el acuerdo final. Las indemnizaciones se mantienen según las solicitudes presentadas por las partes acusadoras.

E.M.G., de 28 años, estaba responsable del bienestar de 30 perros, de los cuales 29 fallecieron durante el incidente. La investigación reveló que el 'cuidador' cesó de proporcionar alimentos y agua a los animales, lo que provocó su muerte y dejó a otro perro en condiciones críticas hasta ser rescatado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que intervino en la nave el 15 de enero de 2022.