11,300 firmas del AMPA de El Pedregal respaldan la lucha contra el cierre del centro en el Parlamento.

La comunidad educativa del CEIP El Pedregal en Castro Urdiales se ha movilizado intensamente en defensa del centro, registrando más de 11.300 firmas en el Parlamento de Cantabria para oponerse a su inminente cierre. Este acto de recolecta de apoyo se llevó a cabo el jueves, evidenciando el fuerte vínculo entre las familias y la educación pública.
El respaldo a esta causa proviene no solo de los padres y madres, sino también de los partidos PSOE y PRC, además de la alcaldesa socialista Susana Herrán. La dirigente ha realizado un llamado al Gobierno regional, dirigido por el Partido Popular, para que reconsidere esta medida que, según ella, se impuso de manera arbitraria y perjudica el futuro educacional de los niños.
Herrán ha denunciado que la decisión de clausurar El Pedregal es parte de una estrategia más amplia que busca desmantelar los derechos vinculados a la educación pública, instando al consejero de Educación, Sergio Silva, a detener lo que considera un ataque directo a la comunidad escolar.
La alcaldesa también ha señalado los esfuerzos del Ayuntamiento para presentar alternativas al cierre del colegio, buscando siempre soluciones constructivas y evitando confrontaciones innecesarias. Una de las propuestas incluye un acuerdo con la Fundación Barquín Hermoso, que considera viable dada la relación de propiedad entre el Gobierno y la fundación.
En caso de que el cierre esté motivado por problemas económicos de la fundación, Herrán ha sugerido aumentar el alquiler que el gobierno paga por el uso del edificio. Además, ha planteado la posibilidad de ofrecer un nuevo espacio para albergar El Pedregal o incluso la compra del inmueble por parte del Ayuntamiento para asegurar su continuidad.
A pesar de dirigir su crítica principalmente al consejero, la alcaldesa no ha dejado de señalar que la presidenta del PP en Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, apoya esta decisión, describiéndola como "sibilina" y perjudicial para la educación pública en la región.
Herrán ha manifestado su preocupación por la posible privatización de servicios educativos, advirtiendo que el desmantelamiento del colegio responde a intereses políticos que no consideran el bienestar de los estudiantes. Asimismo, ha mencionado la falta de respuesta a las solicitudes de diálogo por parte del Gobierno, lo que agrava aún más el clima de tensión.
El portavoz del PSOE, Mario Iglesias, ha reafirmado el compromiso de su partido con la lucha del AMPA y del Ayuntamiento, instando al Gobierno a detener el cierre de una institución educativa bien valorada por la comunidad. Iglesias ha recordado que en abril se aprobó una moción para evitar la clausura de El Pedregal, pero lamenta que el Ejecutivo haya ignorado este acuerdo.
El parlamentario enfatizó que no debe ser la infancia quien sufra las consecuencias de decisiones administrativas, y que los jóvenes merecen continuar su educación en un entorno que los ha acogido adecuadamente.
Por su parte, la diputada del PRC, Paula Fernández, ha replicado a la decisión del Gobierno, afirmando que existen otros centros en la región con menos alumnos que permanecen abiertos. Fernández reafirmó el compromiso de su partido con las familias de Castro Urdiales y exigió al consejero Silva que escuche las voces de los padres, quienes abogan por mantener El Pedregal como un modelo de inclusión en Cantabria.
Finalmente, la diputada concluyó defendiendo la necesidad de proteger todos los centros educativos, ya sean públicos o concertados, para garantizar una educación de calidad en la comunidad autónoma.
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