SANTANDER, 18 Abr. - El juicio por el caso de una joven colombiana de 19 años que supuestamente fue obligada a prostituirse en Cantabria en 2019 ha comenzado en la Audiencia Provincial de Cantabria. Los seis acusados, cuatro mujeres y dos hombres de origen colombiano, se enfrentan a 8 años de prisión que pide la Fiscalía y 9 años de la acusación particular por un delito de trata de seres humanos.

La denunciante ha hecho su declaración por videollamada y sin mostrar su rostro a los acusados, y ha asegurado que si no se prostituiría, recibiría amenazas de muerte sobre ella y su familia. Los acusados han negado las acusaciones y han defendido que la mujer trabajaba libremente y que nadie le obligaba.

Según la versión de la joven, que ha contactado por redes sociales con una amiga de la infancia, quien le ofreció trabajo en una cafetería en Santander para ayudar económicamente a la joven, sacándole un billete de avión a Madrid. En Torrelavega, otro acusado la esperaba para llevarla a un piso en Santander, donde se encontraba la amiga de la infancia de la joven, otra chica más que ejercía la prostitución, y la encargada del piso que era familiar de la mujer que presuntamente dirigía varios pisos en los que el grupo realizaba diversas actividades relacionadas con la prostitución.

La joven ha asegurado que la encargada de los pisos era quien fijaba las tarifas, que trabajaban todos los días y a todas horas, y que apenas recibía dinero. Según los acusados, la denunciante llegó a Santander cansada y al día siguiente les dijo que necesitaba dinero y que estaba dispuesta a empezar a trabajar, y que nadie la obligaba a ejercer la prostitución.

Los acusados han indicado que el ambiente era agradable, armonioso y que había una buena relación entre todas las chicas, mientras que la denunciante ha explicado que les pidió que le dejaran ir y que ella buscaría otro trabajo para saldar la deuda, pero que no le dejaron.

El juicio continuará en la Sección Primera de la Audiencia mañana, miércoles, desde las 9.30 horas, con las declaraciones de nuevos testigos. La Fiscalía pide para los acusados una pena de cárcel, prohibición de acercarse o comunicar con la joven durante diez años y libertad vigilada tras el cumplimiento de la pena de prisión de cinco años. Y en concepto de responsabilidad civil, solicita que abonen a la víctima 25.000 euros como indemnización por los daños personales que padeció.