Un desarrollo significativo ha tenido lugar en la reciente sentencia del Tribunal Supremo en relación a un caso de explotación sexual en el que se vieron implicadas 137 mujeres, principalmente de Europa del Este, Sudamérica y el norte de África. Este asunto ha tenido lugar en Cantabria, y las repercusiones de la decisión judicial continúan generando un intenso debate.

El principal acusado, señalado como el cabecilla de la organización, inicialmente fue condenado por la Audiencia Provincial a una pena de cinco años y nueve meses de prisión. Su condena abarcaba múltiples delitos, incluyendo cinco delitos de prostitución, uno de blanqueo de capitales y otro por tenencia ilícita de armas. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha decidido reducir esta pena en un importante margen.

A raíz de un recurso presentado por el acusado y otros dos implicados, quienes también resultan ser sus hijos, la Sala de lo Penal del Supremo ha resuelto disminuir la sentencia. Han absuelto al líder de la banda de tres de los delitos de prostitución que se le atribuían, logrando así que su condena se rebaje a solo dos años y nueve meses, según la sentencia que ha sido consultada por medios como Europa Press.

Los magistrados del Tribunal Supremo también tomaron la decisión de anular el fallo que, en primera instancia, había considerado cómplices a los dos hijos del acusado. Ambos se enfrentaban a condenas de seis meses de prisión, además de una multa de 540 euros, por complicidad en los delitos de prostitución, pero resultaron absueltos en esta nueva resolución.

En relación con las multas por blanqueo de capitales, la cúpula judicial ha ajustado las sanciones económicas, fijándolas en 200.000 y 250.000 euros, en lugar de las cantidades previamente establecidas de 240.000 y 260.000 euros. Estas multas originalmente contemplaban también un periodo de tres meses de prisión.

El condenado, quien reside en Los Corrales de Buelna, fue inicialmente acusado de enfrentar una pena de hasta 555 años de prisión, cifra que había solicitado la fiscalía. Durante el juicio, negó haber tenido alguna función en la gestión de los clubes de alterne y exculpó a sus hijos, alegando que nunca les había revelado la verdad sobre sus actividades ilícitas, disfrazándolas de "discotecas y pubs".

En su defensa, el principal encausado argumentó que las mujeres involucradas en la actividad de prostitución tenían la libertad de salir de los clubes y que sólo debían pagar 50 euros diarios por pernoctar en las instalaciones, condiciones que, según él, ofrecían "todas las facilidades" para su marcha voluntaria.

Por otro lado, los demás implicados, un grupo de once personas, reconocieron los hechos al inicio del juicio oral realizado en septiembre de 2021 en el complejo judicial de Las Salesas en Santander. Aceptaron condenas que en total sumaban hasta 80 años de prisión, y se impusieron multas que alcanzaban los 96.650 euros.

Además de lo anterior, se determinó la clausura definitiva de los clubes, involucrados en este oscuro negocio, así como el decomiso de los fondos que se habían obtenido de manera ilícita, marcando un aspecto importante en la lucha contra la explotación y el tráfico de personas.