La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha denunciado el impacto negativo que tendrá el "tasazo de basuras de Pedro Sánchez" en los cántabros, calificándolo como un "sablazo fiscal". Ha instado a los alcaldes a unirse en defensa de la autonomía municipal ante lo que considera una medida "exclusivamente recaudatoria" y una "agresión a los municipios".

Buruaga ha expresado su preocupación por la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular aprobada por el Gobierno de España en 2022, la cual establece un nuevo impuesto sobre residuos destinados a vertedero y una tasa adicional que repercutirá en el ciudadano. Esto llevará a aumentar las tasas por recogida y tratamiento de residuos, lo que según la presidenta, afectará a todos los cántabros sin excepción a partir de abril.

Además de criticar el "castigo fiscal" de Pedro Sánchez, Buruaga ha manifestado su preocupación por la falta de profesionales médicos, especialmente en Atención Primaria, debido a la inacción del Gobierno de España. En respuesta a esta situación, el Ejecutivo cántabro está trabajando en mejoras laborales para retener a los profesionales médicos y atraer nuevos talentos.

La presidenta ha destacado diversas medidas implementadas por el Gobierno en los últimos quince meses, como el incremento del Fondo de Cooperación Municipal y la reforma fiscal diferenciada para municipios con reto demográfico. También anunció un nuevo decreto que proporcionará financiamiento adicional para infraestructuras municipales, con mayor cofinanciación autonómica en municipios con riesgo de despoblamiento.

En la inauguración de la Asamblea General de la Federación de Municipios de Cantabria, también estuvieron presentes la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia; la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta; la delegada del Gobierno, Eugenia Gómez de Diego; el presidente de la FMC, Javier Camino, y el alcalde de Penagos, José Carlos Lavín. Gómez de Diego resaltó la importancia de los fondos europeos y expresó su preocupación por decisiones políticas que considera perjudiciales para los municipios y comunidades autónomas.