La presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha expresado su profundo desacuerdo con el nuevo acuerdo de reparto de menores migrantes no acompañados, afirmando que las condiciones impuestas a la comunidad autónoma son inviables y amenazan la capacidad de atención de sus instituciones.

En declaraciones recientes, Buruaga indicó que este reparto podría multiplicar por cinco la actual capacidad de acogida, lo que considera inaceptable. Con solo 212 plazas disponibles, de las cuales 36 están destinadas a menores extranjeros, y 22 ya ocupadas, Cantabria enfrentaría una carga excesiva con 170 menores asignados, más de diez veces lo que puede manejar.

El acuerdo, resultado de un pacto entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Junts, ha sido calificado por la presidenta como "absolutamente desproporcionado" y perjudicial para la comunidad. Ha dejado claro que recurrirán a la vía judicial para impugnar esta decisión, a la que considera un abuso y un atentado contra la autonomía regional.

Buruaga se mostró crítica al resaltar las inconsistencias del reparto, contrastando las cifras que reciben otras comunidades autónomas, como Cataluña y el País Vasco, que recibirán considerablemente menos retos. Aseguró que para atender a los 170 menores, Cantabria requeriría de al menos 10 millones de euros anuales, una cifra que a su juicio es completamente irreal con los recursos actuales.

La presidenta advirtió que el reparto es "imposible de cumplir" en las circunstancias actuales. “No podemos asumir esta carga sin los recursos adicionales necesarios para brindar una atención digna”, reiteró, enfatizando la responsabilidad que conlleva el cuidado y la atención a menores hasta su emancipación.

Ante la falta de claridad en la comunicación oficial sobre cómo se llevará a cabo este proceso, el equipo jurídico de su Gobierno está revisando el decreto para considerar acciones legales pertinentes. Buruaga también cuestionó la transparencia de las decisiones del Gobierno central, señalando que parece estar más enfocado en mantener su estabilidad política que en abordar las realidades de las comunidades autónomas.

La presidenta de Cantabria argumentó que la actual situación revela una vez más las concesiones del Gobierno a intereses independentistas, lo que considera un potencial daño para el país. Criticó la idea de que el Estado descargue su responsabilidad en las comunidades sin proporcionar los recursos suficientes, un tema que considera clave en el debate sobre la migración y atención a menores.

Finalmente, enfatizó que atender a estos menores no solo implica acogida, sino que requiere una atención integral que responda a sus necesidades. “No podemos aceptar 200 menores ni desde una perspectiva presupuestaria ni asistencial”, sentenció, dejando claro su compromiso de defensa de los intereses de Cantabria en este asunto complicado.