La reciente muerte de una educadora social en un piso tutelado en Badajoz ha suscitado una profunda preocupación y críticas hacia las condiciones laborales que prevalecen en este sector. Ayer, en Santander, se llevó a cabo una manifestación convocada por la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) y Copescan, donde alrededor de 70 personas se unieron para rendir homenaje a la víctima y para exigir cambios urgentes en la gestión de estos centros.

Los organizadores del evento han denunciado que la tragedia es fruto de la desidia y la falta de responsabilidad de empresas, fundaciones y de la propia Administración. "Es esencial que se cumplan los contratos y se evite la precarización de las condiciones laborales", manifestaron, haciendo hincapié en el papel clave que juega la Administración en esta problemática.

Las deficiencias en los centros han sido objeto de discusión, resaltando aspectos como la escasez de personal, la realización de turnos de noche o fines de semana con escasa cobertura, y la falta de especialistas en educación social. Además, se ha señalado el importante desajuste que existe entre las condiciones de los centros públicos y los privados concertados.

Los representantes de CCOO y Copescan no solo abordaron estos problemas estructurales, sino que también criticaron la inacción de la consejera de Inclusión Social, quien no respondió a las solicitudes de reunión que se habían hecho con antelación a esta tragedia. Este silencio administrativo ha dejado a muchos profesionales en una situación de vulnerabilidad, incapaces de hacer frente a los retos diarios de su labor.

En la concentración, se expresaron condolencias a la familia de Belén Cortés, quien perdió la vida en un incidente trágico. La responsable de CCOO, Conchi López, reiteró que la muerte de la educadora es un claro ejemplo de la negligencia por parte de aquellos que deberían garantizar la seguridad y el bienestar del personal en estos centros.

Irene Maestro, presidenta de Copescan, enfatizó la necesidad de más recursos humanos, como educadores sociales y psicólogos, y habló de la imperante importancia de categorizar de manera adecuada los diversos centros de la región. Aunque se han producido situaciones de agresión, Maestro subrayó que las denuncias son escasas, lo que evidencia una falta de canales adecuados para abordar estos problemas.

Ambas líderes también se mostraron reacias a criminalizar a los menores en estos centros, destacando que muchos proceden de entornos con serias dificultades sociales. "No queremos caer en discursos racistas; la responsabilidad recae en la gestión de los recursos", añadió López, quien resaltó la insuficiencia de atención a sus llamadas de auxilio a las autoridades competentes.

El llamado a revisar los contratos y mejorar las condiciones laborales fue una constante en las declaraciones, con un énfasis claro en que los educadores sociales y psicólogos son vitales para la atención de los jóvenes. La falta de formación adecuada de los docentes en los centros educativos públicos también se destacó como un factor crítico que repercute negativamente en el bienestar de los menores.

En palabras de Maestro, "el bienestar del menor está directamente relacionado con la calidad del trabajo del profesional". Esta afirmación se convirtió en un mantra durante la protesta, donde se demandó una atención urgente y efectiva a una situación que no solo afecta a los trabajadores, sino que, en última instancia, pone en riesgo el futuro de los menores bajo su cuidado.

Finalmente, la presidenta de Copescan hizo un fuerte llamado a reconocer la labor de los educadores sociales, recordando su papel crucial durante la pandemia y exigiendo que no se les considere profesionales de segunda categoría. "Todos merecemos ser tratados con dignidad y respeto", concluyó, dejando claro que la batalla por mejores condiciones laborales está lejos de terminar.