En medio de un creciente descontento, el comité de empresa de Cantur, la empresa pública de turismo en Cantabria, ha solicitado a los grupos políticos Regionalista, Socialista y Vox que se involucren activamente en la investigación del convenio entre el Gobierno de Cantabria, liderado por el Partido Popular (PP), y la empresa privada SNÖ Hotels. El objetivo de este convenio es la externalización del hotel La Corza Blanca en Brañavieja y de las instalaciones de hostelería de la Estación de Esquí de Alto Campoo, un inicio que ha suscitado muchas dudas entre los trabajadores.

El comité expresa su frustración, ya que no tienen acceso al documento del acuerdo y se sienten perdidos ante las condiciones que se han ido dando a conocer por parte de la Consejería de Turismo, que supervisa Cantur. Quieren obtener el convenio para poder realizar un análisis jurídico, asegurándose de que cumple con la legalidad vigente y entendiendo en qué fundamentos se apoya el Gobierno para tomar la decisión de externalizar esos servicios.

Desde la Consejería de Turismo defienden que la externalización atraerá más visitantes a Alto Campoo a lo largo del año y que, además, permitirá ahorrarle a los ciudadanos de Cantabria las significativas pérdidas que estas instalaciones han registrado, estimadas en alrededor de 4 millones de euros en los últimos cinco años. No obstante, el comité opina que se están difundiendo informaciones que son claramente contradictorias, las cuales parecen publicarse en respuesta a la presión de los trabajadores y de la ciudadanía.

En declaraciones a los medios, el coordinador de la sección autonómica de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (CCOO), Carmelo Renedo, ha subrayado que el Gobierno justifica este nuevo modelo de gestión alegando que La Corza Blanca y la hostelería de la estación generan unas pérdidas anuales de aproximadamente 700.000 euros. Sin embargo, Renedo se muestra escéptico, cuestionando la validez de tales cálculos cuando en el último año el hotel únicamente estuvo operativo durante tres meses.

La situación se complica aún más a medida que surgen nuevos detalles sobre el convenio. Renedo ha criticado cómo, desde su anuncio la semana pasada, la información sobre las condiciones ha ido incrementándose de manera constante. Un ejemplo de ello ha sido el reciente anuncio del Ejecutivo, en el cual se establece que SNÖ Hotels se hará cargo de todos los gastos de mantenimiento de los edificios arrendados. Renedo cuestiona la lógica detrás de esta decisión, considerando que Turismo también ha acordado realizar inversiones en tales instalaciones.

Adicionalmente, se ha hecho pública la renta que SNÖ Hotels abonará a Cantur por la cesión, que comienza en 90.000 euros en el primer año, subiendo a 110.000 en el segundo año y 125.000 en el tercero, además de un ajuste que incluirá el IPC en años posteriores. También, se destinará una cantidad variable del 14% sobre los ingresos generados por la explotación de las instalaciones. Este punto ha generado incertidumbre en el comité, que se pregunta quién se encargará de supervisar estos ingresos y cómo se llevará a cabo dicha tarea.

Ante esta situación, el comité ha instado a los partidos PRC, PSOE y Vox a hacer esfuerzos para obtener el convenio y toda la documentación pertinente sobre las cuentas de Cantur, con la esperanza de poner fin a lo que consideran manipulación de la información. Renedo ha manifestado: "A ver si conseguimos darle transparencia a toda la gestión y quitar la incertidumbre que tienen los trabajadores".

Asimismo, ha señalado que existen problemas adicionales en otras instalaciones de Cantur, como el teleférico de Fuente Dé, a pesar de su reciente restauración, y el campo de golf Abra del Pas, que presenta filtraciones de agua sin que haya una respuesta pública al respecto. Todo esto forma parte de su objetivo de “reconducir la situación” y mejorar la gestión de los recursos públicos en el sector turístico.

Finalmente, el representante sindical ha revelado que tanto PRC como PSOE han manifestado su compromiso de solicitar la documentación necesaria, mientras que los socialistas han confirmado su intención de presentar una iniciativa parlamentaria para abordar este asunto con mayor profundidad.