El líder de la CEOE ha expresado que la nueva norma "no elimina requisitos, sino que los hace más ágiles" y también incluye medidas que son "fundamentales para fomentar el emprendimiento".

SANTANDER, 1 de julio.

Enrique Conde, presidente de CEOE-Cepyme Cantabria, ha señalado que los sectores económicos de la comunidad ya están comenzando a notar el efecto de la Ley de Simplificación Administrativa. Este impacto se traduce en una reducción de los plazos de respuesta, una mejora en la seguridad jurídica, una optimización digital y un respaldo decidido a inversiones estratégicas.

Durante su intervención en la jornada titulada 'Avances y Retos en la Ley de Simplificación Administrativa de Cantabria', celebrada en la Universidad de Cantabria, Conde detalló los puntos más relevantes de la nueva normativa y su impacto en el entorno empresarial.

El presidente ha subrayado que las iniciativas integradas en esta ley, que fue impulsada por la patronal y que comenzó a aplicarse en abril, "no suprimen requisitos; simplemente los hacen más accesibles". Este hecho, asegura, beneficiará tanto a empresas como a ciudadanos al interactuar con los servicios públicos y representa un gran avance para los emprendedores.

Conde ha calificado la aprobación de esta ley como "un hito sin precedentes" para el sector productivo: "Es el mejor esfuerzo en dos décadas por modernizar Cantabria y responde a la continua demanda de pymes y autónomos. No buscamos perfección, sino una herramienta efectiva que transforme la burocracia en competitividad".

En relación a las nuevas medidas, mencionó el establecimiento del silencio administrativo positivo, salvo en casos excepcionales, y la posibilidad de iniciar actividades mediante declaraciones responsables, lo cual permite comenzar operaciones "de forma inmediata, siempre que se cumplan los requisitos establecidos".

Además, Conde destacó que se han fijado plazos máximos para la resolución de trámites, como tres meses para la resolución general y diez días para informes no vinculantes, afirmando que estas medidas son "extremadamente valiosas para el emprendimiento en la región".

Finalmente, advirtió que la efectividad de la ley estará condicionada a su implementación: "Es crucial que haya un verdadero compromiso con el silencio administrativo positivo, un control riguroso de las declaraciones responsables y un fortalecimiento de los órganos de inspección".

Según Conde, "Esta normativa puede servir como motor para transformar Cantabria en una región ágil y competitiva, capaz de atraer talento, inversión y actividad económica, pero esto solo se logrará si se consolida de manera sólida, a través de un diálogo auténtico y un compromiso con el perfeccionamiento continuo".

La jornada, que se centró en el desarrollo, aplicación y los retos de la ley, fue organizada por la CEOE junto con el Gobierno de Cantabria y diversas organizaciones, incluyendo los colegios de Arquitectos y de Abogados, así como la Asociación de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Cantabria (COSITAL) y la Federación de Municipios de Cantabria (FMC).

Esta ley, reivindicada por la patronal, busca reducir la burocracia, mejorar la relación entre la administración y los ciudadanos, y hacer de Cantabria un lugar más atractivo para la inversión y el crecimiento empresarial.

En la primera parte del evento, dos representantes del gobierno autonómico, Paulino Sánchez y Milagros Estrada, presentaron los fundamentos y objetivos de la ley. Posteriormente, en una mesa redonda, se abordaron las repercusiones de la norma en diferentes sectores mediante la intervención de Germán García, presidente de COSITAL.

Además, se discutió la simplificación en la tramitación urbanística con la intervención de Román San Emeterio, presidente del Colegio de Arquitectos. La visión legal del nuevo marco de autorizaciones y declaraciones responsables fue expuesta por el abogado José del Río.

El acto concluyó con palabras del presidente de la FMC, Francisco Javier Camino, y el de CEOE-Cepyme.