Un incidente violento en la localidad de Reinosa ha puesto de manifiesto el creciente problema de agresiones a agentes de la Guardia Civil en Cantabria. Este evento, que tuvo lugar recientemente, involucró a un conductor que, tras una maniobra errática, se convirtió en un peligro tanto para la autoridad como para los ciudadanos. Durante la identificación por parte de la policía, el automovilista y su acompañante agredieron a dos agentes, logrando inmovilizar a uno para escapar en su propio coche y robando el vehículo oficial del otro, que posteriormente fue despeñado en una carretera local.

El caso se complica aún más al revelar que el conductor ya tenía antecedentes criminales significativos. Se trataba de un hombre de 44 años, originario de Ecuador, quien había sido arrestado en el verano de 2023 por disparar contra una familia tras una disputa en la carretera. Este grave episodio incluyó múltiples cargos, entre ellos, homicidio en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas, además de la conducción sin licencia, evidencia de un patrón alarmante de conducta delictiva.

La Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL) ha expresado su preocupación por este aumento en las agresiones a sus miembros, destacando que hasta ahora en 2024, Cantabria acumula 33 ataques, siendo la región con la cifra más alta tras Almería. Este aumento ha llevado a los agentes a cuestionar la capacidad de la ley para proteger tanto a ellos como a la ciudadanía, especialmente cuando se enfrentan a individuos con antecedentes graves que parecen operar sin miedo a represalias.

Desde JUCIL, uno de los agentes agredidos comentó que “no es comprensible” que una persona con estos antecedentes pueda estar libre en la calle, subrayando que este es el tercer caso grave de agresión en la región desde enero. Además, señalaron que incluso han enfrentado violencia de un atacante en situaciones de violencia de género, lo que añade una capa de dificultad a su labor.

José Mota, secretario de JUCIL en Cantabria, manifestó su asombro ante el elevado número de agresiones en lo que debería ser una región tranquila, enfatizando que, contrariamente a lo que se podría esperar, la violencia contra los agentes ha aumentado significativamente en los últimos años. Este aumento se atribuye, según Mota, a la "laxitud" de la legislación actual, que ha erosionado la autoridad de la policía y dificultado su trabajo.

El problema se agrava, según JUCIL, por un Código Penal que favorece al delincuente, lo que resulta en una percepción de impunidad que anima a los criminales a reincidir. Mota insiste en que la situación exige reformas significativas en el marco legal, pidiendo una legislación más rigurosa que imponga penas ejemplares a quienes agredan o amenacen a los agentes del orden.

Para mejorar la protección de los efectivos, JUCIL ha solicitado diversas medidas, como la dotación de equipos de defensa personal, vehículos y herramientas que garanticen una respuesta adecuada en situaciones de riesgo. La agrupación argumenta que, a nivel nacional, las agresiones a las fuerzas de seguridad han crecido un preocupante 18% en comparación con años anteriores, alcanzando cifras récord que ponen en riesgo la seguridad pública.

En un contexto donde la violencia y el desafío a la autoridad parecen estar en aumento, la llamada a la acción de JUCIL resuena con fuerza, pues exigen cambios urgentes para salvaguardar la seguridad tanto de sus miembros como de la sociedad en su conjunto.