El Tribunal Supremo confirma sentencia de tres años y medio para una mujer acusada de apropiación de fondos de un prestamista
El Tribunal Supremo ha ratificado la condena impuesta a una mujer por engañar a un prestamista y estafarlo. La Justicia cántabra impuso a la acusada una pena de tres años y medio de prisión, además de una multa de 1.092 euros y la obligación de indemnizar al hombre con 5.800 euros, la cantidad que ella se quedó.
El recurso interpuesto por la procesada contra esta sentencia fue inadmitido por el Supremo, confirmando así la decisión previa del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y de la Audiencia Provincial. Las resoluciones judiciales consideran a la mujer culpable de un delito de estafa agravada, debido a que había sido condenada anteriormente por hechos similares.
Según los magistrados, la acusada actuó con el objetivo de obtener un beneficio ilícito al firmar un contrato de préstamo en nombre de otra persona. Convenció al prestamista de que el dinero sería utilizado para cancelar deudas y prometió devolverle el importe más los intereses en un plazo de treinta días, totalizando 6.960 euros.
Sin embargo, la mujer nunca tuvo la intención de cumplir con lo acordado y se quedó con el dinero. Además, el destinatario del préstamo no tenía conocimiento de la operación realizada, ya que su firma en el contrato era falsa. Tanto la Audiencia Provincial como el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria consideraron que existen pruebas suficientes para determinar la participación de la acusada en los hechos.
Las pruebas del caso incluyen el contrato, el recibo y los mensajes de WhatsApp intercambiados entre la acusada y el prestamista, así como el informe pericial que determinó la falsedad de la firma. Con estas evidencias, se concluyó que la mujer engañó al prestamista y que el caso no se trata de un incumplimiento contractual, sino de un delito de estafa.
En resumen, el Tribunal Supremo ratificó la condena de tres años y medio de prisión impuesta a una mujer por estafar a un prestamista. La acusada se quedó con 5.800 euros que debían utilizarse para pagar deudas de otra persona y fue condenada por un delito de estafa agravada. Además de la pena privativa de libertad, se le impuso una multa y la obligación de indemnizar al hombre estafado. La sentencia fue respaldada por pruebas documentales y periciales, así como por testimonios de testigos.