En un movimiento que ha despertado controversia, el Gobierno de Cantabria ha decidido impugnar, a través de dos contenciosos administrativos, las órdenes emitidas por la delegada del Gobierno en Ceuta el pasado 1 y 2 de octubre. Estas instrucciones exigen la reubicación de dos menores que se encuentran bajo protección en la ciudad autónoma, sin contar con la aprobación previa del Ejecutivo regional.

La administración cántabra, en la reunión del Consejo de Gobierno celebrada el jueves, argumenta que estas órdenes infringen las competencias del Gobierno de Cantabria en lo que respecta a la protección de menores, según ha declarado la Consejería de Inclusión Social.

Los documentos legales en cuestión han sido revisados por la Dirección General del Servicio Jurídico, que ha procedido a presentar los recursos pertinentes ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en Ceuta, cumpliendo así con el plazo legal de dos meses desde la recepción de las notificaciones.

Además, el Gobierno de Cantabria ha considerado la posibilidad de impugnar indirectamente las normativas que respaldan las resoluciones en cuestión, las cuales ya habían sido objeto de un recurso directo por parte de la administración regional.

Fundamentándose en la legislación vigente, particularmente en las leyes 29/1998 sobre Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 11/2006 respecto a la Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico, esta estrategia se presenta como un claro intento de proteger los derechos de los menores y salvaguardar el marco de competencias establecido por la legalidad española.

La decisión de presentar estos recursos se enmarca dentro de un proceso más amplio, en el que el Gobierno cántabro ya había planteado alegaciones a un total de 13 expedientes relacionados con el traslado de menores migrantes a la región. De estos, tres resoluciones afectaban a Cantabria, de las cuales se ha revelado que una involucraba a un mayor de edad, mientras que las otras dos son las que ahora han sido impugnadas.

La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, resaltó el pasado 9 de octubre su ignorancia sobre estos dos traslados, que fueron comunicados oficialmente el 1 y 2 de octubre. Con un plazo establecido de cinco días para llevar a cabo el traslado, su incumplimiento hasta la fecha, dos semanas después, ha llevado a Gómez del Río a criticar la “descoordinación, falta de planificación y absoluta falta de transparencia” del Gobierno de España en este asunto.