En el marco del juicio relacionado con el controvertido caso de sobresueldos en Castro Urdiales, los abogados defensores han solicitado la suspensión del procedimiento, argumentando la tardanza del fiscal en presentar su escrito de acusación. La jueza a cargo del caso, por su parte, ha confirmado que se tomará una decisión al respecto este próximo martes.

Este proceso judicial, que comenzó este jueves, se ha visto marcado por la notable ausencia de Elisa Dopico, una de las exconcejalas imputadas. Además, se ha decidido archivar la causa contra Pedro Luis Arroyuelos, funcionario que sufre un deterioro cognitivo. Con estas decisiones, el número de imputados ha pasado de 14 a 13, entre los que se cuentan ocho exediles, así como los exalcaldes Rufino Díaz Helguera y Fernando Muguruza, todos enfrentando delitos graves como la malversación de fondos públicos y prevaricación.

En la primera sesión del juicio, que se llevó a cabo en la Audiencia Provincial de Cantabria, se abordaron cuestiones preliminares. Parte de la defensa argumentó la necesidad de suspender el juicio, mencionando que la incomparecencia de Dopico podría crear una situación de indefensión tanto para ella como para los demás acusados. También expresaron su descontento por el tiempo que ha tomado la Fiscalía para presentar su acusación, aludiendo a un periodo de cinco años, aunque el fiscal replicó que esta afirmación no era del todo precisa.

Después de un receso de media hora destinado a deliberar sobre estas y otras solicitudes, la Sala decidió que el asunto se resolverá el próximo martes 19, haciendo que la citación de los primeros testigos se adelante de las 9:30 a las 9:10 horas de la mañana.

El juicio contempla un total de 16 sesiones, enfocándose en presuntas irregularidades detectadas en la contratación de personal en el Ayuntamiento de Castro Urdiales, así como en el pago de retribuciones indebidas a sus funcionarios. La decisión de aplazar la resolución de las cuestiones preliminares fue también motivada por la falta de presencia de Dopico, considerando que esto podría vulnerar su derecho a defensa.

El abogado de Dopico ha informado que su cliente no pudo asistir por razones médicas, motivo que será justificado. La exconcejala recibirá una citación de la Guardia Civil para que comparezca en la próxima sesión, y se tomarán medidas adicionales en caso de que no se presente de nuevo, incluidas posibles órdenes de búsqueda y captura, según lo indicado por el fiscal.

Dopico, al igual que sus compañeros concejales acusados, enfrenta hasta cinco años de prisión y 18 de inhabilitación por haber apoyado los presupuestos en 2008 y 2009, desoyendo las advertencias del interventor sobre pagos que podían ser ilegales. En cuanto a los exalcaldes, se enfrentan a penas aún más severas, con solicitudes de nueve años de prisión y 27 de inhabilitación.

En una de las decisiones tomadas este jueves, la jueza ha aceptado archivar la causa contra Pedro Luis Arroyuelos, quien estaba acusado de recibir un complemento personal sin justificación. Su defensa había sostenido que su condición de deterioro cognitivo moderado justificaba esta petición.

El exalcalde Rufino Díaz Helguera también ha solicitado el archivo de su causa por razones similares, pero se ha decidido que debe presentarse ante un médico forense para su evaluación antes de que se tome una decisión definitiva. Su abogado ha indicado que esta solicitud llegó en una fase tardía, lo que impidió que se tomaran las acciones pertinentes a tiempo.

Otros abogados presentes en la sala han solicitado que los acusados solo deban asistir a las sesiones que sean estrictamente necesarias, como su declaración y la última palabra, asunto sobre el cual la Sala se pronunciará el martes.

Los acusados en este proceso incluyen a exconcejales como José Miguel Rodríguez 'KyK', Concepción Carranza, Ana Zubiaurre, entre otros, además de los dos exalcaldes anteriores. También figura el secretario del Ayuntamiento por su participación en la contratación de su hija y un funcionario acusado de recibir un complemento sin justificación.

Los letrados de la defensa han argumentado que deberían archivarse las acusaciones debido a la tardanza por parte del fiscal, señalando que el auto de transformación del procedimiento fue emitido en junio de 2015, mientras que el escrito de acusación no llegó hasta agosto de 2020.

Los defensores han expresado que esta dilación no puede ser considerada un retraso menor y que no se puede justificar por la carga de trabajo existente en la administración judicial. Consideran que las dilaciones de este tipo deberían resultar en una anulación del auto de apertura del juicio y el cierre del caso.

El fiscal, por su parte, ha defendido que el periodo de cinco años aludido por las defensas no es un hecho real y que ha habido resoluciones y recursos pendientes que justifican el tiempo transcurrido. Aseguró que el escrito de acusación no es un “totum revolutum”, sino un documento que clarifica los hechos del caso, que se detallan de manera concisa en un total de 48 folios.

Conforme a la acusación presentada, el exalcalde Rufino Díaz Helguera es señalado por haber contratado personal municipal de manera arbitraria durante su gestión entre 1991 y 2003, sin procesos de concurrencia. Su sucesor, Fernando Muguruza, continuó con estas prácticas irregulares, extendiéndolas a otras áreas del Ayuntamiento.

A fin de cuentas, la Fiscalía ha argumentado que el Ayuntamiento de Castro Urdiales realizó pagos ilegales que suman alrededor de 1,9 millones de euros en concepto de productividad y otros beneficios, mientras que los concejales involucrados aprobaron presupuestos que contenían partidas cuestionadas por el interventor.

Asimismo, se les imputa al exsecretario municipal su intervención en la contratación de su hija, ignorando su obligación de abstenerse. Los procesos judiciales en torno a estos hechos se desarrollan con carácter prioritario, a la espera de las resoluciones pertinentes por parte del tribunal.