SANTANDER, 8 de noviembre.

El Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander ha decidido abrir juicio oral contra dos individuos, quienes están siendo investigados por la muerte violenta de un joven ocurrida el pasado mes de febrero en la estación de tren de Boo de Piélagos.

En un auto divulgado este viernes, el magistrado ha determinado que la Audiencia Provincial de Cantabria será el órgano encargado de llevar a cabo el enjuiciamiento, donde un jurado popular evaluará la culpabilidad de los implicados en este trágico suceso. Este auto es inapelable, lo que significa que no admite recurso alguno.

Asimismo, se ha acordado que ambos acusados permanezcan en prisión provisional, y se les ha exigido una fianza de 217.333 euros como garantía para hacer frente a posibles responsabilidades civiles que pudieran derivarse del caso, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

El juez ha decidido llevar a cabo esta apertura de juicio oral tras hallar indicios que sugieren la existencia de delitos, respaldado tanto por las acusaciones formuladas por el ministerio fiscal como por la acusación particular, así como los alegatos de los defensores que claman por la absolución de los investigados.

En el escrito presentado por la fiscalía, se califica a los acusados como autores de un delito consumado de homicidio doloso, añadiendo que existieron circunstancias agravantes debido a un abuso de superioridad en la agresión. Por tanto, la fiscalía está solicitando una condena de trece años de prisión para cada uno, así como una supervisión de diez años tras cumplir la pena, además de catorce años de alejamiento y prohibición de comunicarse con los familiares de la víctima.

En lo que respecta a la responsabilidad civil, la fiscalía reclama que los dos investigados indemnicen a la familia del fallecido con 163.000 euros por el daño moral que han causado. La acusación particular, que representa a los familiares del joven fallecido, califica los hechos como homicidio y omisión del deber de socorro, exigiendo para los acusados una pena de doce años y medio de prisión, además de una multa de 3.000 euros y una indemnización de 170.500 euros.

Según el auto, los hechos que esperan ser enjuiciados indican que todos viajaban en un tren que partió desde Santander con destino a Boo de Piélagos, alrededor de las seis y media de la mañana del sábado 4 de febrero. Los investigados ocupaban el último vagón, mientras que la víctima se encontraba en un vagón más adelante, junto a varios amigos.

Antes de llegar a Boo de Piélagos, la víctima se trasladó al vagón donde se encontraban los acusados, donde se inició una discusión verbal entre ellos. Al detenerse el tren, la disputa continuó en el andén, convirtiéndose en una confrontación física.

Durante la pelea, los acusados, con la intención de causar daño físico al joven y aprovechando su ventaja numérica y física, comenzaron a golpearlo con puñetazos y patadas, lo que lo hizo caer al suelo y limitó gravemente sus posibilidades de defensa.

En la continuación de la agresión, "con la intención de acabar con su vida", los acusados siguieron golpeando a la víctima mientras se encontraba en el suelo, sujetado por su propia sudadera, y finalmente lo lanzaron de un metro de altura a las vías del tren, siendo proyectado hacia ellas a través de la violencia de los golpes.

El impacto resultó devastador; la víctima se golpeó contra uno de los raíles, quedando incapacitado para protegerse debido a la posición de sus brazos. Lamentablemente, perdió la vida instantes después tras quedar tendido inerte sobre la vía.

El auto también detalla que, tras arrojar al joven a las vías, los acusados "con total desprecio" por la gravedad de la situación, y conscientes de que la víctima estaba en estado crítico, decidieron marcharse del lugar. Para colmo, incluso antes de irse a descansar, discutieron el incidente con sus amigos e intentaron borrar cualquier información o mensaje relacionado con lo sucedido, en un intento de eludir su responsabilidad.

Estos son los hechos que el juez ha considerado suficientemente relevantes como para elevarlos a juicio ante un tribunal popular. Por ello, ha requerido a todas las partes implicadas para que se presenten ante el órgano judicial competente en un plazo de quince días, siendo este la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria.