SANTANDER, 12 de noviembre.

En una decisión que ha generado tanto apoyo como controversia en la región, el Boletín Oficial de Cantabria ha informado sobre la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria. Esta medida, aprobada por el Parlamento regional el pasado 4 de noviembre con el respaldo de los partidos PP y Vox, entrará en vigor este miércoles 13 de noviembre.

La firma de la derogación corresponde a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, quien, en el preámbulo del anuncio, subraya que la ley en cuestión “nació muerta”. Según Buruaga, los autores de esta legislación, el PRC y el PSOE en la legislatura anterior, no buscaron en ningún momento la “concordia” ni en los procedimientos ni en el contenido, y además “ni siquiera” mostraron disposición para el diálogo en torno a esta normativa.

La presidenta regional denuncia que, aunque la Ley de Memoria Histórica y Democrática se presentó como un intento de dar reparación a las víctimas de la violencia política en España durante la II República, la Guerra Civil y la Dictadura, no logró el consenso necesario en su tramitación. “Quien promovió esta ley no buscó el diálogo", argumenta Buruaga, refiriéndose a que toda acción legislativa relacionada con esta normativa resultó en una falta de consulta y colaboración entre los distintos grupos políticos.

El Partido Popular, liderado por María José Sáenz de Buruaga, había incluido la derogación de esta ley en su plataforma electoral. La rapidez con la que se ha tramitado esta derogación, con el apoyo decisivo de Vox, se debe a la percepción de que la norma en cuestión representaba un “ataque a la convivencia y a las libertades democráticas” en la región.

En su análisis de la situación, Buruaga también critica que el gobierno bipartito desechó todas las propuestas de diálogo que fueron presentadas por la oposición y no aprobó ninguna de las 160 enmiendas que el PP, Ciudadanos y Vox habían presentado en su momento. Esto, según la presidenta, evidencia que la supuesta “voluntad de diálogo” de los regionalistas y socialistas fue meramente una fachada.

Desde la óptica del PP, la Ley de Memoria Histórica y Democrática no representa los “grandes acuerdos de la Transición”, ya que se fundamenta en imponer visiones y recuerdos de un único sector político, desestimando las opiniones de todas las demás corrientes. Esta falta de pluralidad, consideran, es inaceptable en una democracia moderna.

Buruaga también critica el contenido de la ley, señalando que era especialmente polémico por la propuesta de una “Comisión de la Verdad”, formada por supuestos expertos no seleccionados por consenso, que tendría la facultad de establecer un relato histórico único. Para ella, esto no solo es un intento de imponer una visión oficial de la historia, sino que también permitiría sancionar a quienes se desvíen de dicha narrativa.

La presidenta argumenta además que la ley introducía el riesgo de adoctrinamiento de las nuevas generaciones a través de una asignatura diseñada por el Gobierno, sin la participación de los profesionales del ámbito educativo, obligando a las instituciones a destinar recursos específicos sólo para exaltar a las víctimas de un lado del conflicto, dejando de lado a otras que merecen reconocimiento.

Antes de detallar los aspectos específicos de la nueva normativa de derogación, Buruaga enfatiza que la ley anterior no trataba a todas las víctimas en un plano de igualdad, sino que creaba “categorías” de víctimas. “Exalta a unas víctimas y silencia a otras”, concluye con claridad la presidenta.

La presidenta de Cantabria finaliza su declaración argumentando que la derogación de esta ley es un paso necesario para asegurar que, desde el restablecimiento de las libertades en el país, nunca se había llegado a un punto tan crítico de división social a través de normativas impuestas desde el poder.

La Ley de Derogación consta de tres artículos y de una disposición transitoria única, así como una disposición final que establece su entrada en vigor a partir de este miércoles. El primer artículo establece la derogación de la norma. El segundo se refiere a la regulación de las exhumaciones, que ahora se ajustarán a la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria de octubre de 1998. Por su parte, el tercer artículo regula la custodia del material documental relacionado con la represión política durante la II República, la Guerra Civil y la Dictadura, sujeto a lo indicado en la Ley de Archivos de Cantabria de junio de 2002.

Finalmente, la disposición transitoria única aborda los procedimientos iniciados en virtud de la ley derogada, señalando que “la tramitación de todos los procedimientos administrativos iniciados y no finalizados se deberá regir por la normativa bajo la cual se iniciaron”.