El pasado sábado, Santander fue escenario de una manifestación que, según los organizadores, reunió a aproximadamente 150 asistentes, quienes alzaron sus voces en defensa de la III República Española. Esta movilización se llevó a cabo en coincidencia con la fecha que marca la proclamación de la II República, el 14 de abril, y recorrió las principales arterias de la ciudad bajo el lema 'No a la guerra'. Los manifestantes expresaron su preocupación por el aumento del presupuesto militar, argumentando que este incremento podría desviar fondos de servicios públicos esenciales.

Además de la reivindicación republicana, la manifestación abordó un conjunto de demandas contemporáneas que resonaron entre los participantes. Estas incluyeron la búsqueda de empleos dignos, la necesidad de servicios públicos accesibles y de calidad, el derecho a una vivienda adecuada y a pensiones justas, así como el compromiso con la protección del medio ambiente y la igualdad de género, promoviendo un entorno saludable y respetuoso con la diversidad.

Las agrupaciones que promovieron esta protesta incluyeron organizaciones como Interpueblos, Izquierda Unida de Cantabria, el Partido Comunista de España (PCE), Podemos y el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE), quienes se unieron en un esfuerzo comunitario por visibilizar sus causas.

En un manifiesto redactado para la ocasión, los asistentes criticaron lo que denominaron la “tendencia belicista” del actual Gobierno español, enfocándose también en la evolución de la política militar dentro de la Unión Europea. Los manifestantes expresaron su inquietud ante lo que consideran un aumento en los gastos militares y una creciente tensión bélica con Rusia, que, según ellos, podría tener graves repercusiones para la clase trabajadora, obligándoles a enfrentar conflictos en defensa de intereses ajenos, especialmente los de corporaciones norteamericanas.

Con estas preocupaciones en mente, los participantes exigieron la no incrementación del gasto militar, el cierre de bases militares y la retirada de España de la OTAN, destacando la necesidad de priorizar las necesidades sociales por encima de inversiones bélicas.

Además, el documento emitido durante la protesta también hizo un llamado a reconocer el “legítimo” derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y se solidarizó con la causa palestina. En ese sentido, instaron al Gobierno español a suspender las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, particularmente en lo que respecta al comercio de armas.