En un reciente fallo del tribunal cántabro, dos individuos que ocupaban una chabola en Santander han sido condenados a penas de prisión que oscilan entre 24 y 33 meses tras un violento altercado que terminó con agresiones mutuas. Este incidente, que se originó por un desacuerdo relacionado con la cerradura del lugar, culminó en actos de violencia con un cuchillo y una barra de uña.

La sentencia, dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, es susceptible de ser apelada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. En este caso, la pareja del individuo acusado de causar las lesiones no fue considerada culpable, ya que no se logró demostrar su implicación en el conflicto, según informaron fuentes judiciales.

Los tres ocupantes del inmueble, una chabola en desuso, vivían distribuidos en distintos niveles. En febrero de 2023, el inquilino del piso inferior tomó la decisión de confrontar a la pareja del piso superior, sospechando que habían forzado la cerradura de acceso, lo que generó una intensa discusión.

Durante esta confrontación, el hombre enojado empuñó una barra de uña y comenzó a golpear a su oponente, causándole lesiones en la cabeza. En el momento en que la mujer intentó intervenir para proteger a su pareja, se convirtió en víctima de violencia por parte del agresor, quien la lanzó al suelo, llevándose a cabo una escena de completa descontrol.

En un intento de defenderse, el hombre agredido hizo uso de un cuchillo de doble filo, intentando herir gravemente a su atacante. Este acto fue calificado por el tribunal como un intento de homicidio, aunque se reconoció la presencia de circunstancias que atenuaron su responsabilidad, calificándolo como legítima defensa incompleta.

Como resultado, el hombre que blandió el cuchillo fue condenado a cumplir dos años y nueve meses de prisión, además de una orden de restricción de siete años de alejamiento y la obligación de indemnizar a su agresor con una suma significativa por los daños causados. Por su parte, el otro condenado recibió una pena de dos años de prisión por agresiones con un instrumento peligroso, así como comunicación y contacto restricto con su víctima por tres años junto a una multa adicional.

Los magistrados enfatizaron en su dictamen que la acción de usar un cuchillo en un ataque dirigido a una zona vital del cuerpo se establece como un acto de homicidio en grado de tentativa, dado el alto riesgo que implica para la vida de la víctima. Asimismo, la utilización de la barra de uña fue considerada como un uso excesivo de la fuerza que resultó en lesiones graves para la otra parte.

La sentencia también abordó la naturaleza desproporcionada de la reacción del hombre que utilizó el cuchillo, apuntando que aunque efectivamente había sufrido una agresión, esta no ponía en riesgo su vida en el sentido más estricto. No se presentaron pruebas concluyentes de que existiera una intención de quitarle la vida a su agresor.

La fiscalía había pedido inicialmente penas más severas para ambos acusados, clasificando el caso como un intento de homicidio a gran escala. Sin embargo, el tribunal decidió reducir las acusaciones basándose en las circunstancias y la credibilidad de los testimonios presentados, lo que resultó en la absolución de la mujer implicada.

Este falló pone de manifiesto la creciente preocupación por la ocupación ilegal de inmuebles y los incidentes violentos que pueden surgir en estos contextos, planteando un debate sobre la necesidad de soluciones y medidas más contundentes para prevenir tales situaciones en el futuro.