El Parlamento de Cantabria ha tomado una decisión importante al respaldar una propuesta del Partido Popular, que ha conseguido el apoyo de los grupos PRC y Vox, para solicitar al Gobierno de España que asuma su responsabilidad en la gestión de los dispositivos antimaltrato. Esta iniciativa busca que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, sea cesada y que se revelen los datos sobre el número de pulseras que han presentado fallos desde la llegada de un nuevo operador.

En el contexto de esta proposición no de ley (PNL), se ha subrayado el compromiso de la Cámara de no permitir que ninguna acción pública ponga en peligro a las mujeres que sufren violencia de género y otras agresiones. Este acuerdo pone de relieve la urgencia de garantizar la seguridad de quienes dependen de estos sistemas de protección.

El diputado del PP, Juanjo Alonso, ha criticado con firmeza al Gobierno, acusándolo de haber permanecido en silencio ante este problema y de haber atacado a los medios que han sacado a la luz los fallos en el sistema COMETA. Según Alonso, estos fallos han resultado en una serie de complicaciones, incluyendo la pérdida de datos cruciales, problemas para localizar a las mujeres y, en algunos casos, la posibilidad de que agresores desactivaran las pulseras sin dificultad.

Alonso ha calificado la situación de "extremadamente grave" y ha exigido acciones adecuadas, así como una disculpa pública del Gobierno, esperando que se tomen medidas para restablecer la confianza en el sistema COMETA y asegurar su efectividad. En sus declaraciones, también ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de estar sumido en un estado de corrupción y falta de ética, describiendo la moral socialista como "despreciable".

En la otra cara de la moneda, la parlamentaria socialista Norak Cruz ha defendido la actuación del Gobierno, argumentando que la reciente comparecencia de la ministra de Igualdad en el Senado fue un ejemplo de responsabilidad y apertura, con el compromiso de fortalecer la protección de las mujeres. Cruz ha mencionado que se desarrolla una investigación interna para esclarecer cualquier negligencia y que se implementarán medidas concretas para mejorar la seguridad del sistema.

Además, ha señalado que un nuevo contrato está en camino que promete mejorar la cobertura de las pulseras, especialmente en zonas rurales, garantizando su modernización y aumentando su autonomía. Cruz asegura que el compromiso del Gobierno con la lucha contra la violencia de género es firme y esencial.

Desde Vox, la diputada Leticia Díaz ha argumentado que los fallos en los dispositivos son el resultado de un enfoque ideológico erróneo, tachando la política actual de ineficaz. Ha criticado al Gobierno por su falta de acción y ha responsabilizado al PP de haber apoyado un modelo que a su juicio ha fracasado en proteger a las mujeres, llamándoles cómplices de una estructura que gasta recursos en propaganda en lugar de en medidas de seguridad.

Por su parte, el PRC ha mostrado su apoyo a la PNL, aunque su diputada Rosa Díaz ha expresado la necesidad de ser "objetivos" al evaluar el sistema de protección. Ha destacado que hay una falta de claridad sobre el número total de fallos, ya que noticias sobre incidencias han emergido mayormente por denuncias individuales o solicitudes judiciales. Díaz ha puesto en tela de juicio la gestión de la ministra Redondo, sugiriendo que el cambio de operadora pudo haber sido apresurado.

Además, ha subrayado la falta de transparencia en la comparecencia del 1 de octubre y ha señalado que la Fiscalía había alertado a la ministra sobre las deficiencias de las pulseras, a lo que Redondo había respondido que las garantías eran consideradas suficientes, una afirmación que ahora se pone en entredicho.