El Parlamento de Cantabria ha tomado la decisión de presentar su defensa ante el Tribunal Constitucional (TC) respecto al recurso interpuesto por el Gobierno de España en oposición a la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática, una norma que fue eliminada en noviembre por la coalición entre el Partido Popular (PP) y Vox.

Este acuerdo fue alcanzado en una sesión plenaria celebrada el lunes, donde los representantes del PP y Vox votaron a favor de esta acción, argumentando que la derogación de una ley no contraviene la constitución y defienden así su derecho a la libertad de expresión y pensamiento. Por otro lado, el PSOE optó por votar en contra de esta medida, argumentando la necesidad de mantener la suspensión establecida por el TC para prevenir violaciones graves de derechos humanos.

El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) eligió abstenerse de votar, aunque en su opinión, respeta la Ley de Memoria Histórica, al mismo tiempo que reafirma que el Parlamento tiene la potestad de legislar libremente.

Con esta postura, la Cámara de Cantabria se une a la decisión del Gobierno autonómico del PP, que previamente había adoptado una postura similar ante la suspensión de la ley que deroga la Ley de Memoria Democrática de Cantabria, la cual fue aprobada en 2021 durante el mandato anterior del PRC-PSOE. Esa suspensión se ejecutó tras la admisión del recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno español.

Íñigo Fernández, diputado del PP, sostiene que el Parlamento debe actuar para proteger su derecho a revocar la Ley de Memoria, subrayando que cuenta con la misma legitimidad que tenía el Parlamento en 2021 para promulgarla. Fernández también se cuestiona por qué la falta de una ley de este tipo en Cantabria debería considerarse inconstitucional, mientras que regiones como Murcia y Castilla La Mancha operan sin ella sin consecuencias legales.

El diputado del PP también expresó que la Ley de Memoria Histórica vigente es perjudicial para la armonía social en la región y argumentó que su contenido favorece un solo relato de los hechos históricos, sin tener en cuenta a las víctimas de ambas partes, además de que introduce una Comisión de la Verdad que, en su opinión, podría comprometer el estado democrático.

Leticia Díaz, portavoz de Vox, apoyó esta perspectiva, señalando que la posibilidad de derogar una ley no debería verse como un problema de constitucionalidad. Aseguró que no hay razón lógica para considerar que la ausencia de la Ley de Memoria en Cantabria podría ser inconstitucional, enfatizando que el Parlamento debería defender tanto la democracia como la libertad intelectual.

Contrariamente, desde el PSOE argumentan que es necesario mantener la suspensión del Tribunal Constitucional, citando posibles contradicciones entre la Ley de Derogación y la Constitución. Mario Iglesias, un diputado del PSOE, advirtió que levantar la suspensión podría perjudicar los derechos de la población cántabra, especialmente en lo que respecta a la dignidad de las víctimas.

Iglesias destacó la falta de cooperación del Gobierno autonómico durante la vigencia de la ley, mencionando que no se han realizado exhumaciones ni investigaciones adecuadas como se había previsto. Asimismo, subrayó que se ha asignado una partida de dinero para desarrollar actividades en relación con la memoria democrática, sin que el Gobierno de Cantabria haya utilizado esos fondos.

El diputado regionalista Pedro Hernando también hizo hincapié en que no participar en esta defensa podría debilitar la posición del Parlamento, aunque desde el PRC no apoyan la derogación, al considerarla dañina para la memoria histórica de las víctimas de la guerra en la región.

Finalmente, Hernando se comprometió a acatar las decisiones del Tribunal, cualquiera sea el resultado, afirmando que el fallo probablemente se alineará con el derecho del Parlamento a legislar dentro de sus competencias, aunque esa no sea la postura predominante dentro de su partido.