La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha tomado una decisión polémica al aprobar una ordenanza que establece una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el centro de la ciudad. A pesar de afirmar que Santander no se encuentra contaminada y que no es propensa a prohibiciones, la alcaldesa ha declarado que esta medida es necesaria para acceder a dos millones de euros en fondos estatales, resaltando que “aquí no se pierde ni un euro”.

Durante la sesión del Ayuntamiento, que tuvo lugar el pasado martes, se dio luz verde a la implementación inicial de la ZBE, un área que abarca aproximadamente 200.000 metros cuadrados. Esta acción se realiza en cumplimiento de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, a pesar de las críticas de la oposición y de la comunidad local.

El partido socialista votó en contra de la medida, mientras que Vox, PRC e IU optaron por abstenerse, dejando únicamente el apoyo al equipo de gobierno del PP. Igual defendió su decisión señalando que, aunque encuentra "injusto" limitar el tráfico, no tenía más opción si quería asegurar el acceso a los fondos para el transporte público.

Sin embargo, la alcaldesa no ha dudado en criticar al Gobierno central, haciendo hincapié en que no se pueden desperdiciar recursos en medio de lo que considera un excesivo control sobre las ciudades. La delimitación de la ZBE comenzará en la calle Lealtad y se extenderá hasta Puerto Chico, con restricciones horarias propuestas de lunes a viernes entre las 8 y las 19 horas.

En cuanto a la naturaleza de la contaminación, Gema Igual recordó que factores externos como incendios, calefacciones o eventos especiales pueden alterar la medición de la calidad del aire. En respuesta a la nueva normativa, el portavoz del PSOE, Daniel Fernández, tildó la propuesta de “vacía de contenido” y pidió un enfoque más integral que incluya un transporte público más robusto y medidas adicionales de movilidad sostenible.

El portavoz regionalista, Felipe Piña, también se hizo eco de las preocupaciones existentes, llamando a tener en cuenta la protección de datos relacionada con las cámaras instaladas para monitorear el tráfico. Criticó la falta de evaluación ambiental continua cada seis meses y sugirió que la ZBE no aborda adecuadamente los retos sociales y medioambientales que se avecinan.

Por su parte, Laura Velasco, representante de Vox, rechazó la existencia de contaminación y acusó a la alcaldesa de no defender los intereses de los ciudadanos, al considerar la ZBE como un mero artificio del Gobierno de Pedro Sánchez que afecta a la clase media y trabajadora. Propuso soluciones alternativas, como ayudas directas para la compra de vehículos menos contaminantes.

Finalmente, el concejal de IU, Keruin Martínez, advirtió sobre la salud de los santanderinos, declarando que la ciudad presenta niveles de contaminación preocupantes, especialmente en áreas escolares y hospitales. Exigió medidas inmediatas para proteger a la infancia y lamentó la falta de un plan sólido por parte del Ayuntamiento en este aspecto.