La Fiscalía de Cantabria ha solicitado una condena de nueve años de prisión para un hombre que se enfrenta a cargos por haber traído a España a una mujer con discapacidad intelectual con el objetivo de explotarla sexualmente. Además, se han pedido tres años de cárcel para otros dos implicados que, a pesar de conocer la situación vulnerable de la mujer, mantuvieron relaciones con ella.

La acusación particular, que representa a la víctima, ha elevado la petición a 19 años y medio para el principal acusado, y 15 años para sus cómplices. Esta información ha sido confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

El juicio correspondiente se llevará a cabo en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, comenzando el martes 6 de mayo a las 9:30 horas, y se espera que su duración se extienda hasta el jueves 8 de mayo.

De acuerdo con el informe de la Fiscalía, el principal acusado, de origen rumano, estableció contacto con la mujer en su país natal. Ella sufre de un "retraso mental ligero" y no ha recibido educación formal. Conocedor de su desventaja, el hombre decidió aprovecharse de su situación y comenzó una relación sentimental con ella.

Deslumbrada por la promesa de una vida mejor, le propuso mudarse a España, convenciendo a la mujer de que tendrían mejores oportunidades laborales en la vendimia o en la recolección de chatarra. Sin embargo, sus verdaderas intenciones eran explotarla sexualmente y aprovecharse de ella en diversas actividades delictivas que él ideó.

Al llegar a España, la mujer se encontró sola, sin recursos, en un entorno desconocido y con un idioma que no podía comunicar. El acusado se quedó con su documentación personal y desde el principio, le exigió que comenzara a robar, a lo que ella se negó.

Frustrado por su negativa, la llevó a prostituirse con amigos y conocidos, creando un perfil en redes sociales a su nombre para facilitar los contactos. Dos de estos hombres, también acusados, tuvieron relaciones sexuales con la mujer, sabiendo de su discapacidad, a cambio de remuneración económica.

La situación se prolongó hasta que la mujer logró escapar, descubriéndose en la calle con un estado de gran temor y portando un cuchillo.

La Fiscalía argumenta que los hechos representan un delito de trata de personas y un delito de prostitución de personas con discapacidad. Se solicita que el primer acusado cumpla una condena de nueve años, además de otras sanciones como alejamiento y supervisión tras la prisión.

Para los otros dos implicados, se pide una pena de tres años de cárcel junto con medidas de alejamiento y prohibición de contacto con la mujer. En cuanto a la responsabilidad civil, la Fiscalía exige que el principal acusado indemnice a la víctima con 15.000 euros por el daño moral infligido, y que los otros dos paguen 2.000 euros cada uno.

Por otro lado, la acusación particular ha solicitado que se incluya el delito de agresión sexual continua, pidiendo penas mucho más severas para todos los acusados. Así, la solicitud para el principal acusado asciende a un total de 19 años y medio, mientras que para los otros dos se piden 15 años con medidas adicionales de aproximación y libertad vigilada. En total, la demanda de indemnización se sitúa en 30.000 euros por las secuelas físicas y emocionales resultantes de estos abusos.