Crónica Cantabria.

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Susinos y Serdio defienden su accionar legal ante críticas de ecologistas.

Susinos y Serdio defienden su accionar legal ante críticas de ecologistas.

En un contexto marcado por la polémica, la consejera de Ganadería de Cantabria, María Jesús Susinos, junto al director general de Biodiversidad, Ángel Serdio, han expresado su confianza en la legalidad de las decisiones tomadas respecto a la regulación de la población de lobos en la región. Esto se produce tras la reciente autorización para la extracción de 41 ejemplares de esta especie, siguiendo un plan de gestión que se dio a conocer después de que el lobo fuese excluido del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).

La Consejería ha afirmado, a través de un comunicado, que tanto Susinos como Serdio se sienten tranquilos ante las acciones legales iniciadas por grupos ecologistas, como Ecologistas en Acción, que han presentado denuncias por supuestos delitos de prevaricación relacionados con la mencionada orden, que fue publicada el 2 de abril y que ya ha comenzado a llevarse a cabo en varias localidades como Polaciones y Campoo.

Las autoridades agrícolas subrayan que es fundamental realizar un control efectivo de la población de lobos para lograr una convivencia armoniosa entre estos animales y los ganaderos, quienes enfrentan desafíos significativos día tras día. Argumentan que este control es esencial para proteger tanto a los rebaños como a las comunidades que dependen de la ganadería.

Las críticas de Ecologistas en Acción se centran en la supuesta inacción de la consejera ante un recurso presentado por la misma organización, así como en la falta de respuesta a una solicitud de suspensión cautelar de dicha orden. Desde la agrupación se alza la voz de alarma sobre el potencial daño irreversible que esta caza podría infligir a una especie protegida.

Adicionalmente, la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) también ha tomado medidas legales contra Serdio, denunciando al director por un presunto delito de prevaricación en relación con la resolución que permite la caza de lobos. Según declaraciones de la Fiscalía, la denuncia está siendo revisada meticulosamente.