En un caso que ha generado controversia en Cantabria, la Fiscalía ha solicitado penas de prisión de tres años para tres individuos acusados de fomentar el odio hacia la comunidad gitana durante el confinamiento en la localidad de Santoña. Este juicio, que está programado para el martes 24 a las 10:00 horas, se llevará a cabo en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial. La atención mediática y social está, sin duda, sobre este importante evento legal.

De acuerdo con el escrito presentado por el Ministerio Fiscal, los acusados habrían actuado durante el estado de alarma impuesto por la pandemia de COVID-19, con la intención de ofender y promover el odio hacia la población gitana. Este contexto ha llevado a las autoridades a considerar que la difusión de sus mensajes en redes sociales constituía un acto de odio manifiesto contra un grupo étnico.

Uno de los acusados fue señalado por enviar un mensaje de voz a un grupo de Whatsapp llamado 'Por España', que rápidamente se volvió viral en Santoña. En este audio, se incluían afirmaciones sumamente ofensivas hacia la comunidad gitana, sugiriendo que deberían ser confinados de manera extrema. Este desdén por la dignidad de otro grupo humano ha sido un punto central en la argumentación de la fiscalía.

Otro de los implicados realizó publicaciones en su perfil de Facebook que incitaban a la violencia, donde mencionaba que la policía debería actuar de forma drástica contra los gitanos, generando un clima de tensión y miedo generalizado. Sus palabras, expresadas en un momento sensible y crítico como lo fue el confinamiento, han levantado severas críticas por su contenido incendiario.

El tercer acusado se pronunció en Twitter, aludiendo a la situación de contagio en la comunidad gitana de Santoña y sugiriendo, de manera horrenda, que el alcalde recibiría asistencia en forma de gas, un comentario que evocó los métodos de exterminio utilizados durante la Segunda Guerra Mundial. Este tipo de júbilo por el sufrimiento ajeno se convierte en un aspecto alarmante dentro del proceso judicial.

Desde la perspectiva de la fiscalía, todos los acusados eran plenamente conscientes de que sus mensajes estaban destinados a propagar odio y discriminación, y que la naturaleza de las redes sociales podría multiplicar su impacto de forma descontrolada. Esto ha llevado a la acusación a considerar que sus acciones no solo constituyeron un delito, sino un atentado directo contra la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos.

Por lo tanto, se les impone a cada uno de ellos una pena de tres años de prisión, una multa de 3.960 euros y una inhabilitación especial de cuatro años para cualquier trabajo relacionado con la educación o actividades de tiempo libre. Asimismo, la fiscalía exige una indemnización de 5.000 euros para la asociación Gitanos de Santoña, que promueve la inclusión social.

Desde la perspectiva de la acusación particular, liderada por el Secretariado Gitano, se han solicitado penas complementarias. Esta parte está requiriendo tres años de prisión para los primeros dos acusados y dos años y cuatro meses para el tercero, además de una inhabilitación de tres años para trabajos educativos. También se busca un daño civil que estipule una compensación de 10.000 euros a diversas organizaciones que defienden los derechos del pueblo gitano.

Las defensas de dos de los implicados han argumentado que sus clientes se encontraban en condiciones de gran ansiedad y estrés durante el confinamiento, circunstancias que, según ellos, deberían llevar a una reconsideración de su responsabilidad en los delitos de odio que se les imputan. Aseguran que no tenían la intención de causar daño y que, de ser considerados culpables, podrían ser exonerados debido a su estado mental en esa difícil época.