La situación del mercado de alquiler en España, particularmente en áreas identificadas como tensionadas, muestra una tendencia alarmante: se ha visto una disminución significativa en la disponibilidad de viviendas en alquiler y, contrariamente a lo esperado, los precios han seguido incrementándose.

En este contexto, el Gobierno de Cantabria, dirigido por el Partido Popular (PP), se mantiene firme en su decisión de no catalogar ninguna zona como tensionada, argumentando que dicha designación solo dificultaría el acceso a la vivienda. Así lo ha declarado el consejero de Vivienda, Roberto Media, en una reciente conferencia de prensa, donde presentó un informe de la Universidad de Cantabria que respalda esta postura.

El documento, redactado por expertos en derecho financiero de la universidad, resalta los efectos adversos que ha traído la declaración de zonas tensionadas en otras áreas, donde se ha observado una merma en la oferta y un aumento de precios, incluso en los alrededores de las zonas afectadas. Esto plantea serias interrogantes sobre la efectividad de las políticas actuales en este ámbito.

Además, el informe contempla la aparición de contratos de alquiler irregulares y la selección arbitraria de inquilinos, lo que favorece la desigualdad y la falta de seguridad jurídica. Media subraya que la búsqueda de una vivienda adecuada se ha vuelto cada vez más complicada, impactando tanto en la movilidad laboral como en la calidad de las propiedades, dado que el control rígido de precios desalienta la inversión en mantenimiento.

El consejero reafirma que las conclusiones del informe validan la estrategia del Gobierno regional y destaca que las localidades como Comillas o Castro Urdiales no deberían solicitar la designación de estas áreas, ya que el ejecutivo no está dispuesto a adoptarla.

Media asegura que Cantabria no se dejará influenciar por modelos de intervención fallidos que han sido implementados previamente en otras regiones. En su opinión, la solución real al dilema del alquiler en la región radica en expandir la oferta de viviendas asequibles y de buena calidad, en lugar de optar por restricciones que han demostrado no funcionar.

En la actualidad, hay más de 50,000 viviendas vacías en Cantabria debido al temor de los propietarios de arrendar sus propiedades. Ante esto, el Gobierno se ha propuesto como prioridad movilizar estas propiedades hacia el mercado de alquiler asequible, ofreciendo incentivos fiscales a los pequeños propietarios, y promoviendo alianzas entre el sector público y privado para construir nuevas promociones de alquiler social. También se busca aumentar los programas de asistencia directa al alquiler para familias en situaciones complicadas.

El mensaje es claro: más oferta, más incentivos y menos intervención ineficaz son las claves para abordar los retos del mercado del alquiler en Cantabria. Media considera que imponer la declaración de zonas tensionadas solo añadiría cargas adicionales para propietarios, tanto a nivel legal como fiscal, lo que se traduciría en un excesivo intervencionismo que perjudica a quienes alquilan de manera responsable.

Asimismo, el consejero ha criticado abiertamente el Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda (SERPAVI), al que califica de poco riguroso y carente de datos sobre propiedades en manos de sociedades. Sostiene que este sistema no mide adecuadamente la calidad de las viviendas ni su estado, y su metodología ha dado lugar a fijaciones de precios inconsistentes en propiedades similares. A su juicio, construir políticas públicas basadas en herramientas débiles es un camino seguro al fracaso.

Finalmente, Media instó al Gobierno de España, liderado por PSOE y Sumar, a derogar los aspectos más perjudiciales de la Ley estatal de Vivienda. Reconociendo la dificultad que supone para la ministra Isabel Rodríguez aceptar que su legislación no está funcionando, sugirió que podría considerar el informe de la Universidad de Cantabria como una evidencia más contundente de la necesidad de un cambio en la política habitacional.