En una reciente sesión del Pleno del Parlamento de Cantabria, la propuesta del PSOE destinada a condenar el genocidio en Palestina y la ocupación israelí fue rechazada por los votos de Vox y el Partido Popular (PP), quienes calificaron la iniciativa como una mera "cortina de humo" destinada a desviar la atención de la corrupción que afecta al Gobierno español.

La Proposición No de Ley (PNL), que contaba con el apoyo del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), pretendía ser un llamado a la unidad en la condena de la situación en Gaza y Cisjordania, además de respaldar la postura del Gobierno de España en pro de la paz y la defensa del Derecho Internacional. La propuesta también incluía una condena a las acciones terroristas de Hamás, especialmente los ataques del 7 de octubre en Israel.

Mario Iglesias, representante del PSOE, defendió vehementemente la necesidad de la proposición, argumentando que las atrocidades que han llevado a la muerte a decenas de miles de personas, incluidos muchos niños, no son una cuestión de retórica política, sino de moralidad humana. Llamó a la reflexión a los diputados de Vox y PP, instándoles a considerar su lugar en la historia y advirtiéndoles que están en un barco que navega hacia la humanidad.

En contraparte, Leticia Díaz, portavoz de Vox, descalificó la iniciativa al tildarla de una "estrategia de distracción" del PSOE, aludiendo a que el partido busca desviar la atención de la corrupción que le rodea. Díaz subrayó que este tipo de maniobras pretende mantener el foco en asuntos lejanos en lugar de enfrentar temas urgentes como la creciente inseguridad en las calles españolas, que ella atribuye a políticas de inmigración incontroladas.

La portavoz de Vox también criticó la reciente intervención del Ministerio de Exteriores con individuos de la Global Sumud Flotilla, a quienes acusó de buscar atención mediática y de tener conexiones con organizaciones extremistas. Señaló que mientras se ignoran las verdaderas conversaciones de paz en Gaza, el Gobierno está utilizando recursos públicos para financiar iniciativas sin auténtica ayuda humanitaria.

Díaz concluyó su intervención afirmando que el presidente del Gobierno está manipulando la situación en Palestina para oscurecer escándalos de corrupción. Además, se mostró firme en que Vox no permitirá que el Parlamento de Cantabria se convierta en un herramienta de propaganda internacionalista del PSOE y que su prioridad debe ser el fin del conflicto y la liberación de rehenes.

Por su parte, Javier López Estrada, del PRC, expresó que este debate era una oportunidad para rectificar posturas previas y apoyar una declaración que pida el alto al fuego y el establecimiento de corredores humanitarios. Defendió la importancia de que el Parlamento sea una plataforma para los valores humanitarios que han caracterizado a la sociedad cántabra.

Desde el PP, Juan José Alonso cargó contra el PSOE por intentar desviar la atención de los problemas de corrupción vinculados a Pedro Sánchez, además de criticar la polarización que su propuesta genera en la sociedad. También cuestionó el porqué de actuar ahora en relación con contratos armamentísticos con Israel, sugiriendo que el momento elegido es más estratégico que genuino.

Algunos de los representantes del PP lamentaron que, cuando el horizonte de una solución pacífica parece más cercano, se intensifiquen las manifestaciones con tintes violentos en varias ciudades, sin que el PSOE haga una condena clara, lo cual consideran hipócrita. También invitaron a los socialistas a retirar su propuesta en favor de una iniciativa más constructiva que contemple la condena de los ataques de Hamás y un reconocimiento del sufrimiento de los ciudadanos de Gaza.

En resposta, Mario Iglesias mostró su decepción por la postura de Vox y PP, asegurando que no le sorprende, pero sí le apena. Les acusó de ignorar las demandas de la población cántabra y de poner en cuestión el prestigio del Parlamento con sus posturas extremas. Finalmente, cuestionó si los legisladores creen realmente que el conflicto en Palestina beneficiará al Gobierno español.