El debate sobre la privatización de servicios sanitarios en Cantabria está tomando un giro dramático tras las recientes acusaciones del PSOE hacia el Gobierno regional del PP. El partido socialista ha calificado la situación de "pelotazo sanitario", señalando que se han asignado 216 millones de euros al Hospital Santa Clotilde mediante un acuerdo que, según ellos, se ha aprobado de manera poco transparente.

Marcos Agudo, secretario de Salud del PSOE en Cantabria, ha criticado al Gobierno por no haber hecho pública esta decisión, sugiriendo que esto demuestra un intento de ocultar su verdadera agenda de privatización. Agudo ha enfatizado que se trata de un compromiso de gasto que se extenderá por 15 años, la falta de claridad sobre las implicaciones del convenio y la inquietud de que la vigilancia sobre este acuerdo no será lo suficientemente rigurosa para proteger los intereses de la ciudadanía.

Desde la perspectiva del PSOE, este tipo de pensados acuerdos son una clara señal de que el consejero de Salud, César Pascual, y su administración tienen como objetivo desmontar los servicios públicos y redirigir recursos hacia entidades privadas. Esta crítica se apoya en el hecho de que la enmienda fundamental que permite este convenio fue introducida en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de Cantabria, un movimiento que el PSOE califica de deshonesto y que favorece la privatización sin requerir concursos públicos.

Agudo ha expresado su inquietud por la posibilidad de que estas privatizaciones se sigan extendiendo a lo largo de dos décadas, dado que la enmienda aprobada permite que estos acuerdos sean prorrogables. Con una trayectoria preocupante en la gestión sanitaria, el consejero Pascual podría ser el responsable de que este tipo de convenios se multipliquen en el futuro.

Aquellos que critican la decisión, ven en esta estrategia una vergonzosa hipoteca para los ciudadanos de Cantabria, dado que se destina una considerable suma de dinero sin una explicación clara sobre los beneficios que se derivarán de ello. Agudo ha sentenciado que la actual dirección del departamento de salud representa un riesgo tangible para la calidad del sistema público de salud, acusando a sus líderes de haber comenzado la privatización de servicios no sanitarios y de no detenerse hasta dañar gravemente la sanidad pública.

El portavoz del PSOE también ha planteado una pregunta legítima: ¿por qué no se utilizan esos 216 millones de euros para mejorar el Hospital Comarcal de Laredo? Con esta inversión, se podrían mejorar significativamente las instalaciones, equipos y recursos humanos, convirtiendo a este centro en una opción sanitaria viable y prometedora para el futuro.

Por último, el PSOE ha decidido solicitar acceso al expediente completo de este acuerdo a través de los canales oficiales, y están planeando presentar iniciativas que busquen esclarecer lo que consideran una privatización encubierta, aumentando así la presión sobre la administración del PP en esta controversia.