La organización Ecologistas en Acción ha elevado una exigencia al alcalde de Piélagos, Carlos Caramés, para que se proceda de inmediato al cierre de la cantera La Verde, situada en Arce y gestionada por la empresa Laherrán S.A.

Esta petición surge tras la ratificación por parte del Tribunal Supremo de la sentencia que ordena el cierre de la mencionada cantera, una decisión que reafirma la postura tomada previamente por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, el cual había revocado las medidas cautelares solicitadas por la compañía para continuar operando en la zona.

El Tribunal Supremo, a través de una providencia de su Sección Primera de lo Contencioso-Administrativo, ha inadmitido el recurso de casación interpuesto por Laherrán, que alegaba la falta de fundamentación y el no interés casacional, lo que implica que la sentencia anterior se mantiene firme y además obliga a la empresa a asumir las costas judiciales, que podrían ascender hasta 500 euros.

Ecologistas en Acción ha hecho eco de esta decisión del tribunal, solicitando de nuevo acciones efectivas del alcalde para cerrar las actividades de Laherrán en la cantera. Denuncian que, a pesar de la clara resolución judicial, la empresa sigue operando sin reparos y continúan solicitando el cese de operaciones.

La entidad conservacionista subraya que Laherrán tiene un largo historial de funcionamiento irregular, afirmando que operan desde 1950, lo que en su opinión convierte a la empresa en un caso notable de ilegalidad en la gestión de actividades extractivas, extendiéndose por 75 años sin la debida autorización legal.

En su comunicado, Ecologistas en Acción recalca que Laherrán carece de las licencias municipales necesarias para operar y no ha obtenido la Declaración de Impacto Ambiental requerida desde los años noventa, condiciones que destacan como esenciales para poder realizar actividades de este tipo en el municipio.

La problemática con la cantera no es nueva; la primera denuncia contra la empresa data de 2009, presentada por el Seprona. Desde 2015, otros grupos ecologistas, apoyados por la comunidad vecinal, han continuado presentando denuncias a la Alcaldía.

Un año después de la primera denuncia, el Ayuntamiento de Piélagos catalogó como "clandestina" la actividad de Laherrán, disponiendo su cierre hasta lograr la legalización, y abriendo un expediente para sancionar lo que consideraron una infracción urbanística grave. Sin embargo, a pesar de este acuerdo, las acciones municipales para poner fin a la actividad de la cantera aún no se han llevado a cabo.

Los miembros de Ecologistas en Acción critican la pasividad del Ayuntamiento en la gestión de esta situación, argumentando que a pesar de múltiples denuncias y sentencias favorables, la continuidad de las operaciones de Laherrán se debe a la falta de acción efectiva por parte de la Alcaldía, que permite que la actividad ilegal persista en la región de Piélagos.