SANTANDER, 9 de julio. El funcionario del Servicio de Carreteras Autonómicas, involucrado en la conocida como 'trama de Obras', no podrá regresar a su cargo en la Consejería correspondiente hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie. Esto se debe al recurso que el Gobierno regional planea presentar contra una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la cual declaró nula la suspensión temporal de funciones de este empleado.

Roberto Media, consejero de Fomento, ha afirmado que la vuelta del funcionario está supeditada a la resolución de este recurso, destacando la necesidad de actuar con prudencia y de respetar los procesos judiciales. “La investigación general continúa abierta y aún queda un largo recorrido”, ha señalado Media en sus declaraciones a los medios.

Estos comentarios llegan tras el fallo preliminar de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, que revoca una decisión anterior de una jueza de Santander. Esta última había decidido que el funcionario, acusado de liderar la trama de Carreteras, no podía regresar a su puesto desde que se revelaron los hechos en febrero de 2023, época en la que permaneció en prisión durante más de seis meses.

Media recordó que el Juzgado ya había respaldado al Gobierno en marzo de 2024 y sostuvo que existen fundamentos suficientes para mantener esta medida. Aclaró que fue la administración anterior, compuesta por PRC-PSOE, la que en mayo de 2023 decidió apartar al funcionario, decisión que el actual Gobierno del PP ha respaldado.

Sin embargo, el implicado, identificado como M.A.D., presentó un recurso ante el TSJC, que ahora ha fallado a su favor, declarando nula la suspensión de funciones. El tribunal argumentó que dicha suspensión solo podía durar seis meses, dado que se trata de una medida cautelar administrativa.

Ante esta nueva resolución, el Gobierno ha anunciado su intención de llevar el asunto al Tribunal Supremo, asegurando que hay “razones fundadas” para continuar con la suspensión provisional del funcionario hasta su juicio. Esta investigación, dirigida por la magistrada de Instrucción 5 de la ciudad, se encuentra en la fase final antes de proceder con el juicio oral.

La Fiscalía de Cantabria imputa al funcionario, junto a su esposa, hijas y varios empleados de tres constructoras (API, Rucecan y La Encina), una serie de delitos que incluyen fraude en contratación pública, cohecho, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales, en relación a las actividades que habrían involucrado a su familia como supuestos partícipes en la trama.