En Cantabria, la reciente normativa conocida como la 'ley de acompañamiento' ha acogido modificaciones significativas en 11 leyes, además de introducir nuevas deducciones fiscales y realizar una actualización de la lista de municipios que enfrentan el riesgo de despoblamiento.

SANTANDER, 21 de noviembre. El Presupuesto General de Cantabria (PGC) para el año 2025, que asciende a 3.749 millones de euros, sigue avanzando en el proceso parlamentario tras la negativa a las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de PSOE y Vox en el Parlamento, las cuales fueron rechazadas el día anterior.

El Partido Popular (PP), que apoya al Gobierno en minoría encabezado por María José Sáenz de Buruaga, se opuso a estas enmiendas junto con el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), que, a pesar de estar en la oposición, ha conseguido un acuerdo con el PP por segundo año consecutivo para avanzar con estas cuentas. Se prevé que la aprobación final tenga lugar el 20 de diciembre, una vez transcurra el periodo destinado a las enmiendas parciales, y que entre en vigor el 1 de enero de 2025.

En un ambiente de debate parlamentario, cada grupo proponente votó en contra de las enmiendas de los otros. Así, los socialistas desestimaron la enmienda presentada por Vox, mientras que este último hizo lo propio con la del PSOE.

Lo mismo ocurrió con las enmiendas a la totalidad que lanzaron PSOE y Vox al Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de 2024, comúnmente referida como 'ley de acompañamiento'.

Las enmiendas socialistas fueron rechazadas con el apoyo del PP (15 votos), el PRC (8) y Vox (3), totalizando 26 votos en contra, recibiendo únicamente el respaldo de los diputados socialistas. En contraste, el diputado no adscrito, Cristóbal Palacio, optó por la abstención.

El resultante proceso concluyó de manera similar para la enmienda de Vox, donde solo recibió el apoyo de tres votos frente a 31 en contra de PP, PRC y PSOE, evidenciando un claro rechazo en bloque a las propuestas de ambos partidos de oposición.

Por otro lado, tanto PP como PRC han defendido la consideración del presupuesto como "social" y "ambicioso". Desde el grupo del Gobierno en minoría, se afirmó que estas cuentas representan "el cambio que Cantabria necesita". El PRC, aunque en la oposición, las califica de "históricas" y reconoce su "impronta" en estos presupuestos.

En contraste, los socialistas han cuestionado la naturaleza de este presupuesto, considerándolo un "presupuesto de las derechas" que resulta "insuficiente" para abordar los tres grandes problemas existentes en Cantabria: la crisis en el sector sanitario, la caída de la industrialización y el problema de la vivienda.

Con respecto a Vox, se ha resaltado que el presupuesto refleja "continuismo" en políticas que evitan las "reformas estructurales necesarias” para el bienestar de la región y ha sido calificado como "un fraude" hacia la ciudadanía.

Durante la sesión, los grupos parlamentarios debatieron tanto las enmiendas a la totalidad del presupuesto como las del proyecto de la ley de acompañamiento. En un giro hacia lo fiscal, el Gobierno ha subrayado que esta ley solo incluye modificaciones en 11 leyes, siendo este un punto clave en la crítica habitual a la utilización de este mecanismo para realizar cambios normativos sin el adecuado debate parlamentario. El consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, destacó que en otros ejercicios se habían realizado numerosas modificaciones, llegando a contabilizar hasta 26 cambios en 2024 y 20 en 2023.

Agüeros defendió que todas las variaciones de este año “están justificadas” y el PRC ha reconocido que “ha cumplido”. En términos fiscales, la ley de acompañamiento incluye cuatro nuevas deducciones destinadas a estimular la inversión extranjera, facilitar el empadronamiento de personas en comunidades limítrofes, incentivar el alquiler de viviendas y atender el problema del despoblamiento en áreas rurales.

Además, se unificará la lista de municipios, diferenciando entre aquellos en riesgo de despoblamiento y los que enfrentan un reto demográfico. Se estima que 55 ayuntamientos pueden beneficiarse de estas deducciones, aunque el consejero admitió no saber si esta actualización aumentará o disminuirá la cantidad de beneficiarios.

Este aspecto ha sido objeto de crítica, especialmente en relación a la modificación de la Ley de subvenciones de Cantabria. Según Agüeros, esta reforma se adapta a la normativa europea que establece que las subvenciones pueden ser pagadas desde la solicitud hasta el 30 de junio del año siguiente. No obstante, PSOE y Vox han subrayado que el texto actual indica que en este lapso se van a "resolver y notificar, no pagar".

La crítica es argumentada en que, en la práctica, esto alargaría el tiempo de pago de las subvenciones, particularmente en el caso de la Política Agraria Comunitaria (PAC). Sin embargo, el consejero ha aseverado que “no afectará en absoluto el calendario de pagos”.

Un nuevo foco de críticas ha surgido en torno a la reforma fiscal impulsada por el PP. Agüeros mencionó que, gracias a la reducción de impuestos realizada al asumir el poder, se ha recaudado hasta el 30 de octubre 26 millones de euros adicionales a través del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, destacando un incremento en las transacciones y autoliquidaciones.

Las portavoces de PSOE y Vox han cuestionado esta cifra, argumentando que el aumento en la recaudación es atribuible al incremento del IPC y del precio de la vivienda, no a un verdadero estímulo a las actividades económicas.

La diputada socialista Ana Belén Álvarez ha advertido que el Gobierno central "podría reprochar" la reducción de impuestos a Cantabria cuando se soliciten recursos “de la cesta común de todos los españoles”. También criticó que se excluyan de las deducciones fiscales a los habitantes de municipios en reto demográfico, centrándose sólo en los de riesgo de despoblamiento, lo que califica de "diferenciación no trivial".

Álvarez señaló que "eliminar las deducciones a municipios como Reinosa, Potes o Selaya es no entender en absoluto el problema del despoblamiento". Aunque Agüeros precisó que de los 55 municipios actualmente beneficiados, solo alrededor de 400 contribuyentes han solicitado estas deducciones, la diputada replicó que "no sabemos" a qué municipios pertenecen porque estas medidas "no han sido evaluadas" antes de su modificación, provocando así una “inseguridad jurídica” entre la población.

Finalmente, Leticia Díaz de Vox argumentó que la reforma fiscal del PP es “falsa” y seguirá siendo así hasta que no se deflacten todos los impuestos, algo que considera viable si hay verdadera voluntad política. También criticó que, a pesar de haber llegado al poder, el PP mantiene una estructura administrativa “sobredimensionada” y el mismo número de altos cargos y consejerías que antes, a pesar de lo cual era una de sus críticas más notables anteriormente.

Desde el Grupo Popular, se respondieron a las críticas de PSOE y Vox, calificándolas de “incoherentes y desprovistas de fundamento”, defendiendo así las medidas fiscales implementadas por el Gobierno, que buscan “consolidar la reducción de impuestos de forma definitiva”, estimulando la economía con “objetivos claros en beneficio de todos los cántabros”.

El diputado del PP, Carlos Caramés, tildó de inoperante la enmienda social, mientras que criticó a Vox por su "insistencia" en asuntos como la deflactación del IRPF, señalando que “no tiene sentido” en un entorno de inflación moderada y tras una efectiva bajada de impuestos.

Los regionalistas, por su parte, han externado su apoyo a la ley de acompañamiento con algunas “puntualizaciones”, destacando las propuestas derivadas del acuerdo presupuestario con el PP. Subrayan que la política fiscal será “determinante” en los años venideros, pues estará “permanentemente vinculada a la financiación autonómica”, un campo donde “enfrentamos uno de los graves problemas del futuro”, concluyó el diputado Pedro Hernando.