La consejera de Cantabria, María Jesús Susinos, ha hecho un urgente llamado de atención sobre la alarmante situación que enfrenta el sector ganadero en la región, señalando que anualmente más de 3.000 reses mueren a causa de los ataques del lobo. Esta problemática ha llevado a Susinos y a otros representantes de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular a acudir al Senado en un esfuerzo por exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que revierta la reciente decisión de incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).

En una concurrida rueda de prensa, los consejeros de Cantabria, Castilla y León, Galicia, y La Rioja expresaron su firme rechazo a esta medida, la cual califican de un ataque directo a la ganadería nacional. Susinos enfatizó el carácter electoralista de esta decisión, recordando que, en contraste, Europa ha optado por reducir la protección de esta especie depredadora.

“Estamos en una situación de desesperación”, afirmó Susinos, quien además pidió al presidente Sánchez que escuche a las comunidades que tienen un mayor censo de lobos, como es el caso de Cantabria. Según sus cálculos, en la última década, la población de lobos en Cantabria ha aumentado en un 9%, lo que resulta en más de 200 lobos surcando libremente una región que, a su juicio, no es su hábitat natural.

Además, la consejera indicó que los lobos han comenzado a invadir zonas costeras y urbanizadas de Cantabria, expandiéndose a lo largo de más de 4.000 kilómetros cuadrados. “Esto se traduce en 3.000 muertes anuales de ganado”, subrayó, un dato que resalta la gravedad del problema que enfrentan los ganaderos.

El consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, también hizo eco de esta preocupación, señalando que el clamor de los territorios es evidente y hay una necesidad urgente de que el Gobierno ponga fin a lo que él define como un ataque a la ganadería y a las comunidades rurales. Según Suárez-Quiñones, Castilla y León registra anualmente alrededor de 12.000 muertes de ganado a causa de los lobos, un problema que atribuye a la decisión gubernamental de incluir al lobo en el LESPRE, una medida que califica de ideológica y carente de valor científico.

Desde Galicia, la consejera María Ángeles Vázquez Mejuto advirtió que la situación se ha vuelto insostenible, particularmente en las regiones con alta población de lobos. Vázquez destacó que el Gobierno central, al otorgar máxima protección al lobo en 2021, ha ignorado el clamor de los ganaderos, quienes ahora se encuentran desprotegidos y bajo una constante amenaza.

“El ganadero no solicita la erradicación del lobo, sino que las comunidades autónomas recuperen la autoridad que tenían antes de 2021 para poder gestionar esta especie”, agregó. Su respuesta refleja la creciente frustración entre los ganaderos, quienes viven con el temor constante de ataques que amenazan su sustento.

Asimismo, la consejera de Agricultura de La Rioja, Noemí Manzanos, se unió a estas preocupaciones, observando que su comunidad también ha sido impactada de manera similar por el aumento del censo de lobos. Manzanos detalló que, desde la inclusión en el LESPRE, los lobos han proliferado en 50 municipios de La Rioja, frente a solo 12 localidades en 2021, lo que demuestra un crecimiento exponencial de su población.

En contraste, la cabaña ganadera de La Rioja ha disminuido en un 13%, y esta reducción es atribuida principalmente a los ataques de lobos. La consejera sentenció que “con estos datos, nuestros ganaderos de la Sierra Riojana están mostrando la necesidad de tomar medidas urgentes”, evidenciando así la creciente preocupación y el clamor por una respuesta efectiva ante los desafíos que enfrenta la ganadería en la región.