BAREYO, 21 de abril. Este lunes, aproximadamente 150 campistas del Camping de Las Arenas de Ajo se movilizaron en una manifestación en la plaza del Ayuntamiento de Bareyo, exigiendo justicia tras una reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que ordena el cese de operación y la demolición de áreas del camping, consideradas ilegales. Los campistas sostienen que no tuvieron conocimiento de esta situación previa a la sentencia.

La protesta comenzó con una caravana de vehículos que partió desde el camping hacia el centro del pueblo. Durante los preparativos, se produjo un altercado cuando uno de los propietarios del camping intentó bloquear la salida de los coches al estacionar una furgoneta de manera que obstruía el paso. Esta situación obligó a solicitar la intervención de la Guardia Civil, según indicó Jesús Ángel Arteagoitia, presidente de la Asociación de Campistas-Fijos de Las Arenas.

Al llegar a Ajo, los manifestantes se congregaron en la plaza del Ayuntamiento con pancartas en mano, demandando la presencia del alcalde, Pedro Prieto. Sin embargo, el alcalde no se hallaba en el municipio en ese momento, lo cual frustró su intención de diálogo.

A pesar de la ausencia del regidor, los campistas manifestaron su aprecio por la actitud receptiva de Prieto. Hasta la fecha, alrededor de un centenar de familias, en su mayoría del País Vasco, han mantenido dos encuentros y varias conversaciones telefónicas con él sobre el tema que les preocupa.

La manifestación del lunes marcó el tercer acto de protesta organizado por los campistas, tras las concentraciones que llevaron a cabo el 2 y el 30 de marzo, así como su segunda caravana de vehículos. Su objetivo es visibilizar la supuesta "estafa" y el "engaño" en la administración del Camping Las Arenas, a la que acusan de no informarles acerca de la ilegalidad que afecta a sus terrenos.

En este contexto, el grupo de campistas presentó el 27 de marzo una denuncia por un delito de estafa continua contra la administración del camping en el juzgado de Santoña, buscando así reparaciones a su situación. Además, exigen que el Ayuntamiento, que cortó el suministro de electricidad y agua tras la sentencia, brinde la información requerida, un asunto que será atendido por el Defensor del Pueblo, junto con la revisión de un incidente presentado el 23 de enero relacionado con la nulidad de las acciones legales subsecuentes.