En un caso escalofriante que ha captado la atención de la opinión pública, tres individuos—dos hombres y una mujer—se enfrentan a una condena de hasta once años de prisión tras ser acusados de un violento secuestro y robo en el municipio de Ramales de la Victoria.

La Audiencia Provincial de Cantabria tenía programado el juicio para dicho asunto este jueves; sin embargo, la sesión fue cancelada debido a la incomparecencia de uno de los acusados, lo que ha llevado a la justicia a posponer el proceso por cuarta vez. En ocasiones previas, otros problemas de asistencia también habían obligado a retrasar la vista oral.

Ahora, la justicia debe localizar al implicado ausente antes de poder reprogramar la fecha del juicio, el cual se celebrará en la Sección Tercera de la AP. Los tres acusados están siendo procesados por su papel en un turbulento episodio que dejó a la víctima incapacitada y a merced de sus captores.

De acuerdo con el relato del Ministerio Fiscal, los tres imputados interceptaron a la víctima en Noja, forzando su ingreso en un vehículo que los llevó a una estabulación en Ramales. Allí lo retuvieron por un período de dos días, sometiéndolo a un trato brutal, donde no solo lo golpearon, sino que lo mantuvieron encadenado mientras le exigían el pago de deudas contraídas por consumo de drogas y servicios de prostitución en un club local.

Los agresores lograron que la víctima revelara la ubicación de su cartilla del banco. Sin embargo, al acudir uno de ellos a buscarla, descubrió que sólo se trataba de siete euros. En consecuencia, este individuo aprovechó para robarle las llaves de su coche y regresar al lugar del cautiverio, donde la violencia hacia la víctima continuó.

A lo largo del tiempo que estuvo cautivo, los secuestradores abusaron de la víctima suministrándole alcohol y drogas con el objetivo de mantenerlo desorientado. Para poner fin a su situación, lo liberaron, pero no sin antes obligarlo a firmar un documento que reconocía una supuesta deuda de 9,000 euros con ellos, utilizando su propio vehículo como garantía de pago.

La Fiscalía ha calificado estos actos como delitos de secuestro, lesiones y robo con violencia, y demanda una condena de once años de prisión para cada uno de los acusados. Además, solicita que los tres impliquen a la víctima de manera conjunta y solidaria con una indemnización de 1,826 euros, en un intento por reparar el daño infligido.