Una preocupante situación ha surgido en la región de Cantabria, donde la Guardia Civil ha puesto bajo investigación a un grupo de once menores y a un joven de 22 años por su participación en carreras ilegales de ciclomotores. Estos incidentes fueron documentados en localidades como Reocín, Torrelavega, Zurita y Villavañez, creando un ambiente de riesgo no solo para los involucrados, sino también para el público que se encontraba en la zona.

Todo comenzó cuando la Benemérita identificó reuniones de jóvenes en el parque empresarial de Reocín. Allí, se dedicaban a realizar maniobras a alta velocidad, generando un claro peligro de atropellos, puesto que numerosos espectadores observaban desde los márgenes de la carretera.

Con la llegada del verano, las investigaciones revelaron que estas actividades se habían trasladado a las calles de la localidad, incluyendo áreas como La Montaña-Torrelavega, donde se llevaban a cabo las alocadas carreras. Se ha documentado que estas competiciones se extendieron a otras localidades cercanas, aumentando el riesgo para la comunidad.

No solo se trataba de carreras improvisadas en las vías públicas; un canal de YouTube cerrado recientemente había alcanzado más de 50.000 visualizaciones, donde se publicaban vídeos de estas actividades. En las grabaciones se podía observar cómo coches, ciclistas y peatones ajenos a las carreras se encontraban sorpresivamente en medio de estas prácticas peligrosas.

Las estadísticas recogidas durante la investigación indican que algunos ciclomotores alcanzaban velocidades superiores a los 90 kilómetros por hora, a pesar de que están limitados por ley a un máximo de 45. La conducta de los participantes fue calificada como temeraria, ya que realizaban adelantamientos en condiciones inadecuadas y se desplazaban por el carril contrario en algunos casos.

Este octubre, tras un exhaustivo proceso de investigación, la Guardia Civil ha tomado acciones legales contra doce personas por presunta conducción temeraria, lo que indiferentemente pone en riesgo la seguridad vial de todos. Esta operación, denominada 'Aerox Stag', también ha llevado a la intervención de cuatro ciclomotores que habían sido modificados de manera ilegal para incrementar su potencia y velocidad, así como la localización de otros vehículos en partes no montadas.

Los menores involucrados podrían enfrentar penas que les prohíban conducir vehículos a motor por un máximo de seis años, mientras que el adulto podría arriesgarse a una condena de prisión de entre seis meses y dos años, según lo estipulado en la legislación vigente sobre delitos contra la seguridad vial.

Adicionalmente, otros ciclomotores y un vehículo han recibido ocho infracciones administrativas por conducción temeraria. Aunque no pusieron en peligro la integridad de otras personas, sus conductores enfrentan multas de 500 euros y la posibilidad de perder hasta seis puntos en sus licencias de conducir.

Finalmente, las diligencias han sido entregadas a la Fiscalía de Menores y al Juzgado de Guardia de Torrelavega, dando un paso más hacia garantizar la seguridad en las vías públicas y tomando acciones contra la imprudencia que ha caracterizado estas actividades ilegales.