SANTANDER, 24 de octubre.

La última jornada de una intensa semana de huelgas en el sector educativo ha mostrado una participación que el consejero de Educación, Sergio Silva, estima en menos del 25% de los maestros de Educación Primaria, lo que equivaldría a cerca de 1.000 docentes y representa alrededor del 12% de los profesores en la educación pública.

En contraposición, la Junta de Personal Docente, compuesta por sindicatos como STEC, ANPE y UGT, ha reportado un seguimiento significativamente más alto, alcanzando el 52,5% en esta jornada, que afecta a distintas modalidades educativas, desde Infantil a Centros de Educación Especial.

CCOO, que ha convocado movilizaciones diarias, ha estimado el seguimiento en un 30,41%, un número que contrasta con el del gobierno regional.

Durante una rueda de prensa, Silva hizo referencia a la estrategia contestada por CCOO, que ha decidido hacer un llamado a huelga de manera independiente, renunciando a unirse a la acción diferenciada propuesta por otros sindicatos, lo que a su juicio ha resultado en un efecto mínimo en la educación.

El consejero también se refirió a las críticas formuladas por el sindicato TÚ, que posee solo tres de los 37 representantes en la Junta de Personal Docente. Silva destacó que es crucial respetar la representatividad en este contexto.

Silva presentó un análisis de los datos de participación en las diferentes jornadas de huelga convocadas, que revelan una media del 13% de seguimiento. Detalló que el lunes el 14% de los docentes se unieron a la protesta, mientras que el martes solo un 3,5% lo hizo, y el miércoles el apoyo bajó aún más al 2,5%. El jueves, sin embargo, hubo un repunte significativo, llegando al 34%.

Estos informes contrastan con las cifras de los sindicatos, que han reportado niveles de participación más altos a lo largo de la semana.

A pesar de las huelgas, Silva enfatizó que el sistema educativo ha mantenido su operatividad y que no se han registrado incidentes de gravedad, aludiendo a las afirmaciones sindicales de obstáculos al ejercicio del derecho a la huelga como infundadas.

Esta semana de huelga suma un total de 13 días de protestas por reclamos salariales desde el comienzo del curso escolar. Esto representa una cantidad significativa, considerando que han transcurrido 35 días lectivos en total, lo que supone un 37% de días de huelga en este periodo. Silva lamentó que el costo de estas acciones recae en las familias y los mismos centros educativos, argumentando que la situación es desmedida por un tema financiero.

A su vez, el consejero subrayó que están trabajando para evitar futuras negociaciones que no lleven a resultados concretos, enfatizando que el gobierno está comprometido con la mejora de las condiciones salariales a partir de 2026, con un plan que incluye 17 millones de euros destinados a la implementación de esta subida retroactiva, que alcanzaría un incremento de 1.264 euros anuales por docente.

Esta acción, según Silva, representa el mejor acuerdo que se haya logrado en Cantabria en lo que respecta a salarios docentes.

El consejero se distanció de los comentarios meramente retóricos en la discusión y se centró en la realidad de los presupuestos para 2026, asegurando que no hay recortes en el sector educativo, sino una inversión significativa de 779,7 millones de euros, lo que implica un aumento de 105 millones respecto al presupuesto de 2023.

Si se aprueban estas cuentas, se asignarán a nóminas 432 millones de euros, lo que supone un incremento de 61 millones en comparación con el año pasado.

Silva ha catalogado la sujeción de la subida salarial a la aprobación de estos presupuestos como un acto responsable, destacando que las promesas sin respaldo financiero carecen de fundamento. Ante una solicitud del PRC para eliminar la llamada ‘Cláusula Silva’ de las negociación, que condiciona su avance a la existencia de unos presupuestos, Silva aseguró que sin esa garantía volverían a situaciones meramente simbólicas.

La Junta de Personal Docente, por su parte, ha criticado la cláusula, considerándola como un engaño y afirmando que el gobierno ha hecho anuncios de compromisos sin las restricciones que esta cláusula implica.

Además, los educadores han expresado su frustración, apelando a la necesidad de un gobierno que cumpla con sus promesas, respete al profesorado y reconozca su papel fundamental en la educación y en el futuro de la sociedad.