El pasado 24 de abril, Ecologistas en Acción presentó una denuncia ante la Fiscalía de Cantabria en la que se imputan delitos de prevaricación y violaciones a la legislación sobre la fauna a la consejera de Ganadería, María Jesús Susinos, y al director general de Biodiversidad, Ángel Serdio. Esta acción legal se deriva de su decisión de permitir la caza de 41 lobos en la región, un proceso que ya ha comenzado en localidades como Polaciones y Campoo.

La denuncia, que fue interpuesta el 23 de abril, argumenta que tanto Susinos como Serdio han incurrido en varias irregularidades al autorizar estos abatimientos. La organización ecologista sostiene que Serdio emitió la resolución para la caza de lobos antes de la entrada en vigor de la Ley 1/2025, que excluye a la especie del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial en el que fue incluida en 2021.

Asimismo, Ecologistas en Acción expresa serias dudas sobre la validez del informe técnico firmado por Serdio, el cual, según la organización, exagera la población de lobos y desestima el estado de conservación de la especie, contraviniendo las directrices del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En relación a este asunto, la agrupación indica que presentó un recurso de alzada para solicitar la nulidad de la resolución y la suspensión cautelar de su implementación. Sin embargo, apenas dos días después, la consejera adelantó que el Gobierno desestimaría dicho recurso, lo cual, según la denuncia, demuestra un desprecio hacia el derecho de los ciudadanos a impugnar decisiones administrativas.

En el momento de la denuncia, la consejera aún no había tomado una decisión sobre el recurso de alzada ni había abordado la solicitud de suspensión cautelar. A pesar de esto, el Gobierno cántabro ha comenzado ya con las extracciones de lobos en Campoo y Polaciones, basándose en un plan de gestión en vigor tras la exclusion de la especie del LESPRE, aunque sin detallar cuántos ejemplares serían cazados.

La asociación sostiene que Susinos podría estar incurriendo en prevaricación si realmente ordenó, permitió o colaboró en la ejecución de los abatimientos, a pesar de conocer la solicitud de suspensión cautelar y el riesgo que esto representa para una especie cuya protección es prioritaria. Asimismo, acusa a ambos funcionarios de ser responsables de un posible delito contra la fauna al haber autorizado la muerte de lobos en un contexto donde su conservación es considerada desfavorable.

Finalmente, Ecologistas en Acción señala que la actuación de estos funcionarios se llevó a cabo sin adherirse a los requerimientos legales, lo que podría resultar en daños irreversibles para la conservación del lobo, especie que cuenta con protección bajo la Directiva Hábitats de la Unión Europea.