SANTANDER, 11 Oct.

La Junta de Personal Docente no Universitario de Cantabria, formada por los sindicatos STEC, ANPE, CCOO, TU y UGT, ha expresado de manera firme su rechazo a la propuesta de Vox de implantar el 'pin parental' en los centros educativos, considerándolo un ataque a los docentes.

En un comunicado, la Junta afirma que esta medida es innecesaria y limita la autonomía organizativa y pedagógica de los centros, además de amenazar la libertad de cátedra de los profesores.

También sostiene que la implementación de este sistema daría a las familias un derecho encubierto de objeción de conciencia ante las actividades propuestas por los centros en sus programas.

Además, argumenta que si se extendiera este proceso de autorización previa a los padres o tutores legales, se incrementaría la burocracia excesiva que ya asfixia la labor docente.

Para la Junta, resulta inaceptable aplicar este u otro sistema de control externo en la labor de los centros educativos, y resalta que la normativa actual garantiza plenamente los derechos de las familias en los diversos niveles de concreción curricular.

Opina que no tiene sentido someter las actividades programadas y aprobadas por las administraciones educativas a estas autorizaciones, especialmente cuando existen mecanismos de participación de las familias a través de los consejos escolares y la recopilación directa de información a través de los tutores o los equipos directivos.

Insiste en que los derechos de las familias y los estudiantes están completamente protegidos en el sistema educativo, y cualquier polémica en torno a un 'pin parental' inexistente en Cantabria solo perjudica la imagen de la educación pública y desvía la atención de los verdaderos temas de interés.

"Desde la Junta de Personal Docente no vamos a tolerar intervenciones educativas ni retrocesos", añade.

También considera especialmente grave el señalamiento realizado a varios centros públicos de la comunidad, que se han visto envueltos en una polémica política totalmente artificial y estéril, que no guarda relación alguna con la labor docente, y que cuestiona la profesionalidad de los profesores que trabajan en ellos.

NIVELES DE CONCRECIÓN CURRICULAR

En relación a los derechos de las familias en los distintos niveles de concreción curricular, se explica que en el caso del diseño curricular básico, este se lleva a cabo por el poder legislativo y ejecutivo a través de los representantes legítimamente elegidos por la ciudadanía.

"Si se considera que esto vulnera principios constitucionales, tiene un claro carácter político o ideológico o invade competencias de las familias, estas cuentan con instrumentos políticos y jurídicos para expresar su desacuerdo", añade.

En cuanto al proyecto curricular de cada centro, que se incluye en su proyecto educativo, se explica que las familias tienen competencias en la elección, organización, desarrollo y evaluación de las actividades escolares complementarias a través de su participación en el Consejo Escolar.

Respecto a la programación de aula, la Junta destaca que las familias tienen "el derecho y la obligación" de exigir que la actividad sea acorde con lo establecido en los demás niveles de concreción y, si corresponde, denunciar si no es así.