Crónica Cantabria.

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Errores abundan en los trenes según auditoría de Adif, Renfe y CAF.

Errores abundan en los trenes según auditoría de Adif, Renfe y CAF.

El fabricante de trenes firmó el contrato pese a conocer 54 días antes el error de diseño

MADRID, 13 Mar.

La auditoría encargada por el Ministerio de Transportes para investigar los problemas relacionados con el pedido de trenes destinados a Cantabria y Asturias, que resultaron ser demasiado grandes para los túneles debido a una violación del gálibo, ha puesto al descubierto una serie de fallos de coordinación entre todas las empresas involucradas, tanto las públicas Adif y Renfe como la privada CAF.

Todo comenzó con la publicación por parte de Renfe de los pliegos del contrato que contenían información incorrecta sobre las dimensiones de estos trenes, un hecho que ninguna de las empresas que participaron en la licitación logró detectar, según se desprende de la auditoría difundida recientemente por el Ministerio.

Según el informe, "Si Renfe hubiera solicitado a Adif la información sobre la red de ancho métrico al preparar el contrato, habría descubierto que las condiciones de gálibo especificadas en las especificaciones técnicas de los trenes no se podían cumplir".

Además, Adif proporcionó documentación a CAF en noviembre de 2020 que mostraba que existía un problema con las medidas antes de la firma del contrato. Sin embargo, esta empresa pública no compartió esta información crucial con Renfe, que continuaba ajena al problema.

Esto implica que CAF sabía perfectamente, o al menos tenía en su poder la documentación para saberlo, que era imposible llevar a cabo el contrato, a pesar de lo cual lo firmó 54 días después sin informar a Renfe sobre este hecho.

Así, Adif y CAF ya tenían conocimiento del problema con los túneles, mientras que Renfe lo descubrió en enero de 2021, en una reunión con la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), justo después de la firma del contrato, lo que llevó a la suspensión inmediata de su ejecución.

A pesar de que todas las partes involucradas eran conscientes de la situación en enero de 2021, no comunicaron públicamente el error, ni siquiera a las autoridades de Cantabria y Asturias. Tampoco informaron a la ministra de Transportes de ese momento, Raquel Sánchez, a pesar de ser entes públicos dependientes de su ministerio.

En abril de 2022, Renfe se reunió con representantes del Ministerio, pero la información no se hizo pública. Finalmente, en febrero de 2023 se anunció que la ejecución del contrato se retrasaría dos años, tras hallar una solución denominada el 'método comparativo', que consiste en utilizar un tren ya fabricado como guía para los nuevos. No obstante, el daño a los servicios públicos en esas comunidades ya estaba hecho.

La auditoría ha realizado recomendaciones a las empresas públicas implicadas, pidiendo a Renfe que analice las posibles responsabilidades de CAF por la "ocultación de información". También insta a Adif a revisar sus canales de comunicación para garantizar que la información llegue a terceras partes interesadas como Renfe, y ha pedido al Ministerio de Transportes que garantice la coordinación entre Adif y los operadores ferroviarios.