El Gobierno de Cantabria ha tomado medidas decisivas ante la inminente huelga en los centros de educación pública no universitaria que se llevará a cabo los días 28 y 29 de mayo. Esta acción se produce a raíz de la convocatoria realizada por la Junta de Personal Docente, que incluye a varios sindicatos, entre ellos ANPE, STEC, TÚ, CCOO y UGT, lo que ha llevado a la región a establecer unos servicios mínimos para asegurar el derecho a la educación de los estudiantes.

A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial de Cantabria, la administración regional busca garantizar no solo la educación, sino también la seguridad de los alumnos menores de edad, especialmente en un momento crucial que coincide con la preparación de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y las pruebas de evaluación final extraordinaria para los estudiantes de segundo de Bachillerato.

Particular atención se ha brindado a los centros de educación especial, donde se implementará un refuerzo en los servicios mínimos, reconociendo las circunstancias particulares que enfrentan los estudiantes de estas aulas. Además, el Gobierno ha destacado que en los últimos años se han establecido 28 aulas de educación especial en centros educativos ordinarios, lo que refleja un esfuerzo por integrar mejor a estos alumnos.

El reforzamiento de los servicios mínimos para el segundo de Bachillerato tiene como objetivo primordial asegurar que estos estudiantes puedan afrontar la PAU en igualdad de condiciones comparados con sus compañeros de centros privados y concertados, cuyos docentes no están llamados a participar en la huelga programada.

De acuerdo con el decreto, el Gobierno de Cantabria ha reafirmado su compromiso de garantizar servicios educativos esenciales, evitando cualquier paralización que pudiera perjudicar los derechos de los ciudadanos. Estos servicios mínimos se han negociado con el comité de huelga y recibieron la aprobación del Consejo de Gobierno la semana anterior.

Los detalles de los servicios mínimos son claros: los centros con menos de 300 alumnos deberán contar con el equipo directivo al frente, mientras que aquellos con mayor número de estudiantes tendrán un mayor contingente de docentes, llegando a ser siete en el caso de centros con más de 900 alumnos, incluyendo la dirección.

Asimismo, en los centros que ofrezcan segundo de Bachillerato, se considerará como servicio mínimo todo el profesorado encarregado de las clases de preparación para la PAU y las pruebas finales extraordinarias. La selección de los docentes que no formen parte del equipo directivo se realizará siguiendo criterios de antigüedad, priorizando a aquellos que sean funcionarios de carrera.

Si el centro educativo tiene aulas externas, se asignará un docente adicional por cada ubicación para asegurar que todas las necesidades educativas sean atendidas. Esta iniciativa se complementa con la consideración de los Centros de Educación Especial, que se asimilarán a las estructuras con una mayor matrícula debido a la singularidad de su alumnado.

Si algún miembro del equipo directivo no pueda desempeñar sus funciones en el día de la huelga, un docente del mismo claustro asumirá temporalmente dicha responsabilidad, con criterios de antigüedad para la selección. Este decreto, que entra en vigor inmediatamente, no agota las vías legales, ya que es posible interponer recursos contenciosos-administrativos en un plazo de dos meses.

En caso de que se opte por un recurso de reposición ante el Consejo del Gobierno de Cantabria, no se podrá presentar un recurso contencioso-administrativo hasta que se reciba una resolución al respecto. Con estas decisiones, el Gobierno regional busca equilibrar el derecho a la educación con las acciones de protesta que se avecinan.